La Audiencia Nacional inicia este lunes el curso judicial con un nuevo juicio contra el excomisario José Manuel Villarejo, enmarcado en una de las piezas del conocido ‘caso Tándem’. Se trata del ‘proyecto Saving’, un encargo vinculado al concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa, por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 23 años y medio de cárcel para Villarejo y 18 años y nueve meses para su socio, Rafael Redondo.
El Ministerio Público considera que ambos son responsables de cohecho pasivo propio, revelación de secretos a terceros y falsedad documental, al haber utilizado su posición como funcionarios para obtener información confidencial. La investigación apunta a que en 2011, cuando aún estaba en activo en la Policía, Villarejo fue contratado por el empresario José Moya —ya fallecido— para obtener datos sensibles que pudieran favorecerle en una negociación con el expresidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín.
Según la acusación, la operación incluyó la obtención ilícita de tráficos de llamadas de directivos de Ahorro Corporación y de abogados vinculados al proceso concursal. Los resultados se presentaron en informes encubiertos como servicios legales facturados de forma falsa. La Fiscalía sostiene que la trama no fue un hecho aislado, sino parte de la estructura organizada del Grupo Cenyt, la sociedad de Villarejo.
Además de las penas de prisión, Anticorrupción pide que Villarejo y Redondo indemnicen con 5.000 euros a cada persona espiada y que se decomisen los 501.500 euros abonados a Cenyt entre agosto y octubre de 2011. La Administración General del Estado figura como responsable civil subsidiario.
El juicio arranca mientras Villarejo sigue a la espera de la resolución de la Sala de Apelación sobre la segunda sentencia del caso Tándem, en la que fue condenado a 19 años de prisión por varios delitos, aunque absuelto de cohecho.
