El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido levantar la suspensión cautelar del artículo 4 de la Ley 8/2024 de la Comunidad de Madrid, una norma impulsada por el Ejecutivo regional que impide declarar como lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico y antiguo edificio de la Dirección General de Seguridad del franquismo.
La decisión, adoptada por unanimidad del Pleno y con ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga, deja sin efecto la paralización automática del precepto legal madrileño, que se activó tras la admisión a trámite en abril del recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El recurso del Ejecutivo central sostenía que la norma madrileña invadía competencias estatales, al interferir con lo estipulado por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que atribuye al Estado la declaración de los llamados “lugares de memoria”.
El Constitucional no ve perjuicio cierto
El Constitucional sostiene en su auto que los argumentos del abogado del Estado no cumplen con el nivel de certeza exigido para mantener la medida cautelar. A juicio del tribunal, la alegación sobre la posible dificultad para declarar el edificio como lugar de memoria y su impacto sobre la dignidad de las víctimas no pasa de ser un “suceso futuro e incierto”, lo que no justifica la excepcionalidad del mantenimiento de la suspensión.
Esta interpretación se alinea con la doctrina consolidada del propio tribunal, que exige la acreditación de perjuicios concretos y verificables para que una norma autonómica quede suspendida de manera preventiva durante el proceso de revisión constitucional.
Origen del conflicto
El origen del conflicto se remonta a octubre de 2023, cuando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática inició los trámites para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, en base a su papel como sede de la represión franquista durante varias décadas.
En respuesta, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó la Ley 8/2024, que impide expresamente esa designación para los inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid. La norma fue recurrida por el Gobierno central, dando lugar a su suspensión automática según el artículo 161.2 de la Constitución.
Simultáneamente, la Comunidad de Madrid presentó un conflicto positivo de competencias en marzo de 2025, defendiendo su derecho a legislar sobre sus propios bienes. Con esta nueva resolución, el Constitucional atiende la solicitud del Ejecutivo regional y de la Asamblea de Madrid, aunque sin resolver aún el fondo del recurso, que se estudiará en una fase posterior.
Reacciones políticas
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en reiteradas ocasiones que su intención no es negar el pasado, sino apostar por la “reconciliación” sin usar los edificios públicos como herramientas políticas. Ha calificado el intento del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria de “instrumentalización partidista de la historia”.
Por su parte, desde el Ejecutivo central se considera que la ley madrileña vulnera los principios básicos de la Ley de Memoria Democrática, y que obstaculiza el reconocimiento institucional a las víctimas de la dictadura.
La decisión del Tribunal Constitucional, aunque no supone un pronunciamiento definitivo, marca un paso clave en el enfrentamiento competencial entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid sobre la gestión y simbolismo del patrimonio público.
