El conflicto de las monjas de Belorado con el arzobispo de Burgos, inédito en la reciente historia de España, tiene un precedente en Estados Unidos, en el monasterio de la Santísima Trinidad de Arlington (Texas), que alberga una pequeña comunidad de carmelitas descalzas que se halla en pugna con el obispo de Fort Worth y con la Santa Sede. Aunque hay diferencias entre uno y otro caso, interesa conocer cómo se aborda el problema en un país de nuestra órbita cultural que se enorgullece de ser la democracia más antigua del mundo. Advierto al lector de que el asunto es más complicado de lo que puedo exponer en unas pocas líneas y de que la información que poseo es solo periodística.
El obispo Michael Olson inicia en abril de 2023 una investigación contra la reverenda madre Teresa Agnes Gerlach en la que constata que ha quebrantado el voto de castidad con un sacerdote. Gerlach demanda a Olson por abusar de su autoridad e invadir su privacidad al confiscar el teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos suyos y hacer una copia de toda la información hallada en ellos. Y le reclama una indemnización de daños y perjuicios de un millón de dólares. El obispo declara que no está tratando de obtener el control de los 72 acres propiedad del monasterio y el juez del Tribunal de Distrito 67 Don Cosby falla que carece de jurisdicción en el caso y que es un asunto interno de la Iglesia que esta debe resolver.
No es el obispo el que acude al juez para imponer su autoridad por medios coactivos, sino que son las monjas las que lo hacen para intimidarle y disuadirle con éxito de que vuelva a acceder al monasterio. Al ser un conflicto interno de la Iglesia, el juez se abstiene de intervenir.
Por si acaso, las hermanas en abril de 2024 transmiten la propiedad del monasterio a la fundación Friends of the Discalced Carmelite Nuns of Arlington Inc. (Amigos de las Monjas Carmelitas Descalzas de Arlington Inc.), creada a principios del año y gobernada por familiares y amigos. Es una operación legal y posible que no suscita ninguna suspicacia y que todos respetan.
El Vaticano nombra en abril a la carmelita María de la Encarnación superiora legítima para ejercer el pleno gobierno del monasterio, quien ante la desobediencia de las monjas emite una declaración el 28 de octubre en la que afirma: “las monjas han elegido romper la fe con su Madre la Iglesia de Roma mediante una triple negación: 1) de la autoridad del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, un Dicasterio cuya autoridad brota directamente del mismo Sumo Pontífice, 2) de su Obispo, y 3) de mí como su superiora carmelita, y por extensión, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, cuya Regla y Constituciones han desdeñado en la práctica de muchas maneras. A las anteriores violaciones de la unión eclesial, las monjas añadieron el 14 de septiembre la asociación formal ilícita con la Fraternidad San Pío X. Estos males se ven agravados por la apropiación ilícita de la persona jurídica del monasterio carmelita, en el que las monjas, utilizando el derecho civil, confiaron a los laicos, tanto católicos como no católicos, el patrimonio y los bienes de la comunidad carmelita de Arlington, que les habían sido confiados por innumerables bienhechores, con el fin de servir a Cristo en la Iglesia a través de la vida carmelita descalza. Por los actos anteriores, las monjas han sido expulsadas ipso facto de la Orden de las Carmelitas Descalzas, según el canon 694, § 1, 1º del Código de Derecho Canónico. Por eso hoy, 28 de octubre de 2024, declaro con gran pesar que las monjas del Monasterio de la Santísima Trinidad ya no son miembros de la Orden de los Carmelitas Descalzas”.
Nada de ello altera la paz y serenidad que se respira en el monasterio. Ni María de la Encarnación ni el obispo intentan controlarlo forzando la voluntad de sus moradoras porque incurrirían en responsabilidad. Y, aun expulsadas de la orden, ni se atreven ni se atreverán nunca a desahuciarlas. Es algo que solo puede hacer el propietario. La expulsión, como las demás sanciones canónicas, son actos meramente religiosos, lícitos, pero desprovistos de efectos legales: “El obispo no tiene control sobre el monasterio. Además, la diócesis no tiene interés en la tierra de Arlington, y nunca lo ha tenido”, dice el portavoz de la Diócesis Católica de Fort Worth en un comunicado.
Parece que las leyes de la Iglesia no son las mismas para todos. Así son las relaciones Iglesia-Estado en un país laico. En España la cosa cambia. El arzobispo de Burgos se arroga la representación de la comunidad de Belorado, controla sus cuentas bancarias y cobra las pensiones de las monjas mayores, a las que no les llega ni un céntimo. E intenta desahuciar a las demás por considerarlas okupas. Al final, la solución será la misma, pero el recorrido es muy diferente.
