Tenemos un presidente que en su afán de permanecer en el poder sigue favoreciendo arbitrariamente a Cataluña con tal de seguir disponiendo del apoyo de los separatistas. El problema es que estos privilegios se otorgan a costa de otras regiones, como por ejemplo Madrid, Cantabria o La Rioja, entre otras.
No contento con los 15.000 millones de deuda catalana condonados anteriormente, ahora les va a perdonar otros 17.000, y no nos engañemos, en los próximos años serán otras decenas de miles. Esto es un proceso de mutualización de la deuda catalana de manera que será el Estado, es decir todos los españoles, el que tendrá que reembolsar estas cantidades en sustitución de la Generalitat, y por lo tanto de los catalanes. No parece muy democrático perjudicar a unos españoles para favorecer a otros cuyos representantes políticos tienen en la mano sostener al jefe del gobierno.
Es cierto que esta vez también hay una quita de deuda para otras autonomías pero los criterios aplicados están especialmente sesgados a favor de las comunidades muy endeudadas, todo con la idea de favorecer a Cataluña y otras regiones en las que el PSOE tiene un interés electoral. Esta cacicada premia a las comunidades mal gestionadas y perjudica a las que son responsables en el ejercicio de sus competencias.
Imaginemos una comunidad de 3 vecinos en los que uno no tiene hipoteca, el segundo debe 100.000 y el tercero debe 200.000. El presidente, que hace negocios sucios y le encanta mandar, decide sobornar al que debe 200.000 para seguir en el cargo y le propone votar que la comunidad se haga cargo de todas las deudas de forma que ningún vecino deberá nada. Sin embargo, es inevitable que esto incremente la cuota mensual de la comunidad.
Así pues el primer vecino que no debía nada pasará de pagar 100 al mes a 1.500. El segundo se quedará como estaba, es decir en 1.500, y el tercero pasará de pagar 2.900 a 1.500. Con este sistema, el que debía 200.000 le traspasa la mitad de su deuda al que no debía nada, mientras que el presidente consigue de esta manera seguir 4 años más en el cargo, temporada que aprovechará para seguir haciendo negocios sucios gracias a su cargo.
Sánchez gobierna España como si fuera su cortijo favoreciendo a sus amigos de forma arbitraria al precio de castigar a otros. Que siga de presidente hasta mediados o finales de 2027 nos va a costar la friolera de al menos 39.000 millones repartidos de la siguiente manera:
- 15.000 millones de deuda condonados previamente y exclusivamente a la Generalitat de Cataluña, no añado la nueva quita porque también favorece a otras comunidades aunque de forma desigual e injusta
- entre 6.000 y 13.000 millones al año fruto del nuevo e inconstitucional concierto económico regalado a la Generalitat de Cataluña. Tomaré la parte más baja del rango para tener en cuenta el hecho de que ciertas transferencias e inversiones estatales dejarán de tener lugar. Por lo tanto esto nos costará 18.000 millones en tres años
- 2.000 millones al año de fondos destinados a la solidaridad interritorial que la Generalitat de Cataluña va a dejar de pagar, es decir 6.000 millones en tres años.
Si la Generalitat de Cataluña no paga sus deudas y además se apropia de los recursos que pertenecen al estado, es inevitable que los ciudadanos de las demás regiones tengamos que soportar el coste de este despropósito. Esto se va a traducir en una combinación de las siguientes tres cosas, empeoramiento de los servicios públicos en las comunidades más pobres, el aumento generalizado de los impuestos estatales, y por último, una severa penalización a la comunidad autónoma de Madrid, principal economía regional de España.
Este proceder introduce un tremendo riesgo moral porque premia a los que gobiernan mal, a los que derrochan los fondos públicos, generan montañas de deuda y dañan la solvencia de sus comunidades. Tienen además la desfachatez de castigar a los que bajan impuestos, a pesar de que gozan de un perfil económico y financiero saneado.
Cualquier quita debe estar condicionada a un plan de reestructuración por el cual se reduzca el gasto público y se aumente el superávit primario con el fin de reforzar la capacidad financiera de las autonomías para hacer frente a su endeudamiento por sí solas.
No debemos fijarnos en los tipos impositivos del IRPF sino en la recaudación per cápita, que es lo realmente importante. Si hacemos esto veremos que en términos homogéneos Madrid genera más recursos fiscales con tipos más bajos porque su economía es más dinámica fruto de una mejor gestión y de una mayor libertad económica. Por eso contribuye tres veces más que Cataluña al fondo de solidaridad interterritorial. Ahora con el concierto la Generalitat no pondrá ni un euro.
Si se estrangula la economía con una combinación de elevados impuestos y enormes cargas regulatorias y burocracia, como es el caso de Cataluña, entonces incrementar los tipos del IRPF no produce apenas ingresos adicionales. Hay que premiar la sana gestión financiera, es decir al que tiene menos déficit y genera menos deuda manteniendo unos servicios públicos funcionales, eficaces y eficientes, y esto con la menor presión fiscal posible.
Eliminar la competencia fiscal entre regiones es una receta empobrecedora. Las naciones ricas y descentralizadas se caracterizan por tener competencia impositiva ya que es un incentivo que favorece una correcta gestión de las finanzas públicas y un freno a los excesos y abusos de las administraciones regionales y locales. Estos excesos son los que explican tanto el declinar acelerado de Cataluña desde hace años como el estancamiento de España desde que gobierna Sánchez. A pesar de que el PIB crece al 3% por la inmigración, la renta per cápita está estancada, la renta disponible se ha reducido en más de 3 puntos porcentuales desde 2018, y por si fuera poco, la deuda por habitante no para de crecer (+7.000 euros en 7 años).
Comprar la permanencia en el poder perjudicando a los ciudadanos de gran parte del país, y creando un riesgo moral por el cual cuanto peor se gestiona una autonomía más apoyo financiero del estado se obtiene, es empobrecedor a medio y largo plazo. Esto es una cacicada de campeonato propia de una democracia de segunda división, que es en lo que nos han convertido Sánchez y su caterva de zopencos.
