Es notorio cómo a pesar del enorme incremento de la recaudación fiscal el gobierno gasta muy por encima de lo que ingresa. El desfase es tan grande que el superávit primario no cubre ni siquiera la totalidad del pago de intereses de deuda, lo que significa que no quedan fondos disponibles para inversiones, salvo que provengan de la UE o de la emisión de deuda pública, deuda que ya ha excedido el límite de la sostenibilidad.
Los malos gobiernos suelen priorizar el gasto corriente a costa de las inversiones productivas porque consideran que aumentan sus probabilidades de ser reelegidos. El problema es que sin inversión suficiente no puede haber prosperidad. Una de las áreas en las que España invierte muy por debajo de lo necesario es el de las infraestructuras energéticas.
El apagón general que sufrimos hace unos meses, y que según una reciente comunicación de Red Eléctrica se podría repetir en cualquier momento, es el resultado de priorizar en exceso las renovables no hidráulicas, pero también de no invertir en infraestructuras de almacenamiento de energía.
Cuando uno apuesta todo al rojo, es decir a las renovables no hidráulicas, sabiendo que son inestables por definición y que carecen de inercia, no se puede permitir el lujo de no invertir en capacidad de almacenamiento. Sin embargo, esta es la realidad de nuestro país desde 2017. Por eso vivimos en permanente riesgo de apagón, cosa que se paga con vidas, empleos y pérdidas millonarias. Hasta que no haya una capacidad de almacenamiento suficiente es imperativo reducir el peso de las renovables no hidráulicas en el mix de generación a un nivel que no ponga en peligro la estabilidad del sistema.
Tampoco se está invirtiendo lo suficiente en la red de distribución eléctrica, lo que provoca que no se puedan ejecutar unos 60.000 millones de euros al año en inversiones industriales. No sólo hay que invertir en generar y almacenar, también es imperativo transportar y distribuir, llevar la energía allí donde se necesita. Esta carencia impide que el PIB crezca a mayor ritmo y niega la creación de miles de empleos bien remunerados todos los años, cosa que no parece muy inteligente en un país con el paro más elevado de la OCDE.
El déficit inversor en redes de distribución también agrava uno de los problemas más serios de nuestro país, la escasez de vivienda, especialmente de vivienda nueva. Recientemente Red Eléctrica, empresa controlada por el estado y al servicio del gobierno, ha presentado su plan de inversiones para el quinquenio 2025-2030. En dicho plan no figuran las inversiones necesarias para el suministro de electricidad a 95.000 viviendas de nueva construcción que se están proyectando y levantando tanto en el sur como en el este de Madrid.
Es Red Eléctrica la que acomete estas inversiones con el visto bueno del gobierno, de manera que este es conocedor de esta situación. No contentos con haber empeorado la accesibilidad a la vivienda de alquiler fomentando la inseguridad jurídica, la ocupación, y el control de precios, lo que impacta negativamente la oferta, ahora han decidido poner en peligro el desarrollo de casi 100.000 viviendas en la capital de España.
La mayor parte de estos apartamentos tienen un precio entre 250 y 350.000 euros, y bastantes son viviendas protegidas. Se trata por lo tanto de casas para las clases medias y populares, por lo que cualquier gobierno, y especialmente uno supuestamente progresista, debería hacer todo lo posible para que salieran adelante.
Tanto el ayuntamiento de Madrid como la comunidad autónoma llevan mucho tiempo recordando al gobierno que las infraestructuras de distribución eléctrica deben de estar alineadas con los planes urbanísticos, pero como era de esperar, este ha decidido mirar para otro lado. La competencia de planificación en esta materia recae en el ministerio de Transición Ecológica, responsable por lo tanto de validar el plan inversor de Red Eléctrica. Parece evidente que a este ministerio le importa poco o nada el problema de la vivienda y su impacto en las clases menos pudientes.
A la falta de voluntad política por parte del gobierno para resolver este déficit inversor se suma la falta de recursos públicos debido al excesivo gasto corriente del Estado. En cuanto a Red Eléctrica, brazo ejecutor del estado en esta materia, su flujo de caja bruto apenas alcanza los 1.100 millones anuales, cantidad insuficiente para acometer todas las inversiones necesarias.
Una forma no onerosa para el estado de sacar adelante estas inversiones es recurrir al sector privado. Para esto sólo tiene que ofrecerle los incentivos adecuados, entre ellos una rentabilidad que remunere correctamente el capital comprometido y los riesgos soportados.
Como actividad regulada que es, el estado fija la remuneración que reciben las eléctricas por sus inversiones en distribución. La tasa de retribución aprobada en 2019, y actualmente en vigor, es de apenas un 5,58%. La última propuesta al sector privado es un aumento hasta el 6,46%, lo que en términos relativos representa una reducción. En aquel año estaban los tipos al 0% mientras que ahora rondan el 2,5/3%, por lo tanto, la remuneración debería ser de al menos el 8,08%, aunque parece que el sector se podría conformar con un modesto 7,5% que el gobierno deniega.
La falta de criterio y de voluntad política del gobierno en estas cuestiones es preocupante pues el desarrollo económico y social no es posible sin una energía abundante, estable, barata y disponible donde se la necesita. De estas cuatro condiciones solamente cumplimos la primera, lo que no dice nada bueno acerca del futuro de nuestro país.
