Gestión de Residuos

Asesorías recomiendan recurrir la nueva Tasa de Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Madrid por posibles irregularidades legales

Gestorías como Sarot Target Group instan a los madrileños a recurrir la nueva Tasa de Gestión de Residuos por contravenir principios fiscales y ofrecer ayuda legal

Un camión de residuos - Foto Ayuntamiento de Madrid
photo_camera Un camión de residuos - Foto Ayuntamiento de Madrid

La Tasa de Gestión de Residuos (TGR), implantada por el Ayuntamiento de Madrid a través de la Ordenanza Fiscal 8/2024, ha despertado preocupación entre vecinos y empresas. La medida, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 27 de diciembre de 2024, reinstaura la conocida “tasa de basuras”, en cumplimiento del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Sin embargo, diversas gestorías administrativas advierten de posibles irregularidades en su aplicación.

Desde Sarot Target Group, se ha emitido una circular dirigida a sus clientes en la que se afirma que el consistorio habría regulado esta tasa “contraviniendo algunos principios generales de ordenación de las tasas”, lo que podría justificar su impugnación ante los tribunales.

La gestoría informa de que los afectados pueden interponer una reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) o un recurso de reposición, ambos exentos de formalidades. En ambos casos, el plazo para actuar es de un mes desde la notificación de la liquidación, aunque se recomienda pagar o solicitar la suspensión del pago para evitar el recargo de apremio o un posible embargo.

Además, Sarot ofrece asistencia jurídica especializada para la presentación de recursos, estableciendo una tarifa simbólica de 25 euros por gestión y un honorario del 30% sobre la cantidad recuperada en caso de éxito judicial. La firma recuerda que solo quienes recurran en tiempo y forma podrán solicitar la devolución del importe si los tribunales determinan que la tasa es contraria a derecho.

El documento concluye que la medida supone una nueva carga económica para los contribuyentes, mientras se debate su legalidad y proporcionalidad. La implantación de esta tasa se enmarca en la normativa estatal que exige a los municipios aplicar instrumentos financieros para cubrir los costes de recogida y tratamiento de residuos, aunque su aplicación práctica sigue generando polémica.