La energía eléctrica siempre ha fascinado a la humanidad. Esta fuerza natural ha sido documentada desde civilizaciones antiguas en el Mediterráneo, donde se hablaba de las chispas generadas por la fricción de la lana. Con el paso del tiempo, figuras como Thomas Alva Edison y Nikola Tesla revolucionaron su aplicación, sentando las bases del mundo moderno. Hoy, la electricidad es una necesidad básica y una comodidad esencial, al grado de que la legislación internacional y nacional la protege como un derecho implícito. En este artículo, abordaré cómo se concibe y protege el acceso a la energía eléctrica en España y México, dos naciones hermanas que, a pesar de contar con marcos legales robustos, aún enfrentan desafíos significativos en su implementación.
En España, el acceso a la energía eléctrica se encuentra protegido de forma indirecta por la Constitución de 1978 y de forma directa por la Ley del Sector Eléctrico. Además, existen compromisos internacionales asumidos por el país que refuerzan esta obligación.
En México, el acceso a la electricidad también tiene una protección indirecta en la Constitución y directa a través de la Ley de la Industria Eléctrica, así como en la Ley General de Desarrollo Social. De igual forma, México ha suscrito compromisos internacionales que reafirman la importancia del acceso universal a este recurso.
A pesar de que la legislación mexicana puede considerarse más protectora en términos formales, los problemas en la práctica son evidentes. Un ejemplo claro ocurrió el 7 de mayo de 2024, cuando el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) declaró un "estado operativo de emergencia" debido a una alta demanda energética provocada por temperaturas récord. Esto resultó en apagones rotativos en al menos 15 estados, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Campeche, Aguascalientes y Yucatán.
Asimismo, la ciudad de Cruz Azul se quedó sin luz durante meses, mostrando una falla grave en la respuesta y capacidad operativa del sistema.
En el caso de España, aunque los apagones masivos son menos frecuentes, el apagón reciente que afectó de manera significativa a España deja a la luz omisiones graves. Lo cual también ha llevado a retomar el asunto de la Cañada Real en Madrid, donde miles de personas permanecen sin electricidad durante largos periodos. Esto ha puesto en evidencia deficiencias estructurales en la administración y supervisión del suministro eléctrico. Este tipo de omisiones, en contextos urbanos y desarrollados, son especialmente alarmantes y demuestran que la legislación, por sí sola, no garantiza el cumplimiento efectivo del derecho.
En resumen, aunque en papel ambos países cuentan con mecanismos legales que reconocen y protegen el acceso a la energía eléctrica, la realidad muestra que su implementación es aún deficiente. En México, el gobierno ha sido omiso frente a sus propias fallas operativas, mientras que en España se detectan debilidades en los sistemas de auditoría y vigilancia del sector eléctrico.
El acceso a la electricidad no debe ser un lujo ni una concesión, sino una garantía real para toda la población. La mejora de los sistemas administrativos, la inversión en infraestructura y la voluntad política son fundamentales para que este derecho se convierta en una realidad efectiva y no solo en un compromiso normativo.
