“México es una piñata cuyos pecados se van rompiendo ante nuestros ojos, por dentro hay olor a muerte y plomo”, decía en mi artículo de la ira, donde denuncié cómo la política y la justicia se contaminan de venganza. Quince años después, la historia insiste en repetirse. La noche del 1 de noviembre de 2025, en plena celebración del Día de Muertos, el alcalde de Uruapan Carlos Manzo Rodríguez recibió varios disparos mientras participaba en una festividad en la plaza principal. Testigos relataron que un grupo armado irrumpió entre las catrinas y los altares y abrió fuego; la balacera duró segundos, pero el alcalde murió poco después y uno de los atacantes también falleció. El Gabinete de Seguridad federal confirmó que la agresión dejó un atacante muerto y dos detenidos. No se trataba de un alcalde cualquiera: Manzo era un independiente, había abandonado Morena por denunciar corrupción, patrullaba con chaleco antibalas y denunciaba públicamente la extorsión que asfixia a los productores agrícolas. Su muerte es una más, durante la gestión del gobernador Alfredo Rodriguez Bedolla este año además de su muerte fue asesinada la alcaldesa Martha Laura Mendoza, Salvador Batista y Guillermo Torres, pero también durante su mandato fueron asesinados los alcaldes, Yolanda Sanchez, Enrique Velásquez y Cesar Arturo Valencia, pero por la figura de Manzo y la indignación acumulada tuvo un efecto catalizador.
La sombra del “piso”: empresarios entre impuestos y extorsiones
Para comprender la explosión social tras el crimen, hay que mirar el contexto de Michoacán, una tierra rica en limón y aguacate donde casi todos los negocios pagan doble tributo: impuestos al gobierno y “derecho de piso” a la delincuencia organizada. Esta extorsión endémica financia la compra de armas y se ha convertido en un sistema de control territorial; agricultores y comerciantes se quejan de ser “permanentemente secuestrados” por cuotas insostenibles.
En este contexto surgió la figura de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón de Apatzingán. Bravo denunciaba que los agricultores debían pagar a diversos grupos: cuotas para que los dejaran cosechar, otras para que pudieran transportar el fruto y un porcentaje adicional al venderlo. En octubre de 2025 fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza; su cuerpo apareció dentro de su coche. Pocas horas antes había convocado a movilizaciones contra el cobro de piso y había pedido seguridad al gobierno. Para muchos productores, su asesinato a pocos días del de Carlos Manzo fue un mensaje inequívoco: el crimen no perdona a quien se organiza, y el Estado no protege a quien lo denuncia.
Una larga lista de alcaldes caídos
Carlos Manzo no fue el primer alcalde michoacano asesinado, pero su muerte activó memorias recientes. Desde 2022 se han documentado múltiples homicidios de presidentes municipales en el estado. De acuerdo con un reporte de El Financiero y N+, la lista incluye:
- Enrique Velázquez Orozco, alcalde priista de Contepec, cuyo cuerpo apareció el 7 de febrero de 2022
- César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal del PVEM en Aguililla, asesinado el 11 de marzo de 2022
- Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco (PRI), quien fue atacado a tiros en una taquería de Morelia el 30 de marzo de 2024; su hijo de trece años resultó herido y Torres falleció en el hospital
- Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija (PAN), asesinada por un comando armado el 3 de junio de 2024; había sido secuestrada por el CJNG en Guadalajara y liberada días después, pero siguió recibiendo amenazas
- Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, ejecutado el 5 de junio de 2025 junto con su escolta
- Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, asesinada junto con su esposo el 17 de junio de 2025
Las muertes de alcaldes se han convertido en un registro macabro de la violencia política en el estado y de la incapacidad del gobierno para proteger a sus propios cuadros. A la fecha, ningún caso ha provocado la reacción que despertó el crimen de Manzo. ¿Por qué? Porque encarnaba la honestidad en un océano de sospechas: renunció a Morena tras denunciar corrupción, ganó las elecciones como candidato independiente y había detenido con sus propias manos a un presunto jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación en agosto de 2025. Su asesinato mostró que ni ser aliado ni adversario del gobernador garantiza seguridad; la corrupción está tan arraigada que cualquier chaleco antibalas se queda corto.
El funeral y la cachetada al gobernador
El 2 de noviembre, cuando el cuerpo de Carlos Manzo fue velado en Uruapan, la rabia desbordó cualquier protocolo. Durante la ceremonia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acudió para dar el pésame. Lejos de recibirlo con solemnidad, los asistentes gritaron “¡Fuera, asesino!” y lo obligaron a marcharse entre empujones. En un momento, una mujer se acercó y le dio una cachetada; el gobernador salió escoltado mientras la multitud seguía gritando. Las consignas no eran solo dolorosas: acusaban al mandatario de complicidad con el narcotráfico y de ser responsable moral del homicidio. La escena, registrada en videos, se viralizó en redes y desató un debate sobre la legitimidad del gobierno estatal.
Ese mismo día, cientos de personas marcharon en Uruapan y Morelia. La consigna se transformó en un coro que resonaba en plazas y redes: “¡Carlos no murió, Bedolla lo mató!”. La multitud avanzó hasta el Palacio de Gobierno en Morelia, rompió puertas, tiró mobiliario y quemó papeles. Un manifestante toco la campana de Dolores —símbolo de independencia— clamando por un levantamiento en armas. En una imagen que recorrió el país, un joven jalaba la cuerda de la campana mientras otros gritaban “¡Levantémonos en armas!” en alusión a la guerra contra el gobierno estatal.
La Fiscalía General del Estado confirmó después que ocho personas fueron detenidas por daños al patrimonio histórico y que se habían abierto carpetas de investigación. Pero más allá de las detenciones, el mensaje es claro: la ciudadanía ya no confía en las autoridades y, al sentir abandonada su seguridad, se asoma al abismo del auto-sacrificio. Esta ira se suma a la de un pueblo cansado de pagar piso y de ver cómo sus tierras fértiles se transforman en campos de batalla.
El discurso oficial: seguridad reforzada y “aprovecharon la fiesta”
Frente al estallido social, el gobierno de Michoacán y la Federación intentaron defenderse. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó en conferencia de prensa que Carlos Manzo contaba con un grupo de protección integrado por 14 elementos de la Guardia Nacional y policías municipales desde diciembre de 2024, reforzado en mayo de 2025. Según Harfuch, el ataque ocurrió porque los criminales aprovecharon la concentración de personas durante la festividad del Día de Muertos, una “situación de vulnerabilidad” que permitió a los agresores acercarse al alcalde.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el crimen y prometió fortalecer la seguridad en Michoacán, aunque no precisó cambios estructurales. Para muchos ciudadanos, estas declaraciones sonaron a excusa: si la protección existía, ¿por qué fue tan fácil atacarlo? ¿Por qué se dio la fiesta sin un cerco de seguridad? La versión oficial parece más una admisión de impotencia que una explicación convincente. Además, tras el funeral, la mandataria decidió trasladar la conferencia “mañanera” del lunes a un cuartel para garantizar control. El gobierno se replegó en su propia fortaleza mientras las calles ardían.
Ira y memoria: la ética del gobernante
En mi artículo de la ira narré cómo la furia de un presidente, ansioso por proteger su nepotismo, se tradujo en la detención de alcaldes inocentes y en la politización de la justicia. Aquella ira originó la guerra contra el narco, un conflicto que ya suma cientos de miles de muertos. Hoy, la ira es del pueblo; una ira alimentada por la impotencia y el hartazgo. ¿Cómo no enojarse si los empresarios que pagan impuestos deben además financiar a los cárteles del narcotráfico? ¿Cómo no indignarse si el alcalde honesto fue asesinado, mientras otros (ligados a redes de corrupción) continúan intocables? ¿Cómo no sospechar de un gobernador al que sus propios gobernados llaman asesino y corrupto?
La figura de Carlos Manzo se convirtió en espejo. Su trayectoria muestra que es posible llegar al poder sin partido y sin pedir permiso a los caciques. Por eso duele su muerte; porque muchos vieron en él a un líder que no se doblegaba.
