México ha cambiado para siempre. Nunca volverá a ser el mismo después del 1 de septiembre de 2025, fecha en la que los nuevos juzgadores tomaron protesta, por primera vez en nuestra historia, a la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluidos los nueve ministros que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano judicial del país. Se trató de un proceso sin precedentes que, en nombre de la democratización de la justicia, ha modificado radicalmente la estructura institucional del Estado mexicano y que comenzó con un ritual indígena en el que se entregaron bastones de mando.
Más allá del ceremonial, el proceso ha revelado una serie de tensiones y contradicciones jurídicas, políticas y culturales que invitan a una reflexión profunda. ¿Podrán cumplir con el nuevo mandato? Por ejemplo, la ministra Lenia Batres, que ganó en las urnas y ya formaba parte de la Corte, es actualmente la integrante con más resoluciones rezagadas. ¿Cuánto tiempo y preparación les tomará a los nuevos juzgadores adaptarse al ritmo de trabajo? ¿Qué ocurrirá cuando se acerque el fin de su periodo?
El diseño de esta reforma, llevada a cabo con celeridad, deja importantes lagunas legales desde su concepción. Cuestiones fundamentales, como el procedimiento para que los nuevos tribunales encargados de sancionar a juzgadores y administrar los gastos del Poder Judicial de la Federación, aún no están claras.
En el caso de la Suprema Corte, los perfiles electos muestran una notable diversidad en términos de trayectoria y visibilidad pública. Por un lado, aparecen figuras polémicas como Yasmín Esquivel, cuestionada por presuntos plagios en sus tesis de licenciatura y doctorado, o Lenia Batres, con su carga de asuntos pendientes. Por otro, profesionales respetados como la doctora Sara Irene Herrerías, cuya labor en derechos humanos desde la Fiscalía General de la República le ha ganado reconocimiento incluso a nivel internacional.
El nuevo presidente del máximo tribunal, un jurista comprometido con las causas indígenas, simboliza un giro hacia agendas de inclusión histórica. A su vez, el ministro Arístides, convertido en fenómeno viral por un video en el que se comparaba humorísticamente con un chicharrón preparado y por el accidente que casi le impide tomar protesta, ejemplifica la nueva forma de comunicar lo jurídico en un entorno digital: con cercanía, espontaneidad y sin solemnidad, aunque su formación académica sea impecable.
Uno de los aspectos más insólitos de este proceso fue la forma en que se desarrollaron las campañas. La reforma prohibió expresamente la difusión de mensajes en radio y televisión, no asignó presupuesto público a los candidatos e impuso topes estrictos de gasto privado, lo que dejó a los postulantes con un único recurso eficaz: las redes sociales.
El proceso estuvo marcado, además, por una participación ciudadana notablemente baja. Menos del 13 % del padrón electoral acudió a votar y, de esos sufragios, más del 10 % fueron votos nulos o en blanco, utilizados como forma de protesta. Esta apatía refleja no solo la confusión que generó la reforma, sino también la ausencia de una verdadera pedagogía institucional. En muchos casos, la ciudadanía no entendió qué se estaba votando, por qué era importante ni cómo funcionaría el nuevo modelo judicial.
La oposición política cometió el error de concentrarse en disputas locales —equivalentes a los ayuntamientos españoles— y dejó pasar la oportunidad de apoyar perfiles técnicos o ideológicamente diversos para estas elecciones judiciales. Su desorganización permitió que todos los cargos clave fueran copados por una sola corriente política, identificada con la izquierda. Si bien esto no es en sí mismo un problema —no hay nada antidemocrático en una preferencia ideológica mayoritaria—sí plantea inquietudes sobre la pluralidad institucional y la existencia de contrapesos.
A pesar de la apatía opositora, encabezada principalmente por el PAN, su discurso actual, representado por Ricardo Anaya, se percibe vacío, tardío y débil. Aunque algunas de sus críticas son válidas, llegan demasiado tarde.
En todo caso, lo que está claro es que el Poder Judicial no volverá a ser lo que fue. El proceso ha revelado tanto las posibilidades como las fragilidades de una democracia que busca reinventarse. Y aunque el camino esté lleno de contradicciones, vale la pena recorrerlo con espíritu crítico, pero también con esperanza.
