Esta semana, mientras los trabajadores de los hospitales Quirón en Madrid salían a la calle a exigir mejores condiciones laborales, Colombia seguía atrapada en el mismo enredo de siempre: un sistema de salud al borde del colapso y un gobierno más interesado en demoler que en reparar. Dos países. La misma palabra —reforma— con dos significados completamente distintos.
En el Hospital General de Villalba, en Móstoles y en Valdemoro, los trabajadores convocaron huelga para reclamar reducción de jornada, estabilidad laboral y mejores salarios. No piden derribar nada. Piden que lo que existe funcione mejor. Hay instituciones de mediación que responden, actos de conciliación que se convocan, sindicatos que negocian dentro de las reglas. El conflicto tiene forma. Tiene cauce. Y aunque la empresa mantiene una postura inmovilista, nadie está proponiendo destruir el edificio para levantar otro desde cero.
Esa es exactamente la diferencia que Colombia debería entender.
Aquí llevamos años asistiendo a otro espectáculo. La reforma a la salud de Petro fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero debía superar otros dos debates en el Senado. No lo logró. El 16 de diciembre de 2025, con ocho votos contra cinco, la Comisión Séptima archivó la reforma por segunda vez. Y ante esa derrota democrática, la respuesta del gobierno no fue construir consenso. Fue escalar. El Ejecutivo usó decretos, resoluciones y facultades de la Superintendencia para implementar cambios sin pasar por el Congreso, hasta que el Consejo de Estado tuvo que frenarlos por desbordar los límites constitucionales.
En Madrid, la crisis busca corregir el sistema. En Colombia, la crisis se usa como pretexto para desmontarlo.
El problema no es que el sistema colombiano no necesite ajustes. Claro que los necesita. Pero entre reconocer una falla estructural y empujar al sistema al borde del colapso hay una diferencia enorme. Y hoy esa diferencia se mide en cifras que no se pueden maquillar. En 2025 el sistema registró pérdidas por más de $6,5 billones, mientras la cartera acumulada —lo que se deben entre EPS, clínicas, hospitales y proveedores por servicios ya prestados— supera los $24 billones. Es un sistema que no solo pierde en el presente, sino que además arrastra una deuda creciente del pasado.
En Madrid hay protestas, rabia, paros que duelen. Pero hay reglas. Hay instituciones que median y que pueden decir que no. Ese "no" tiene consecuencias, pero no derrumba el Estado. En Colombia, desde el sector hospitalario advierten que "la liquidación nunca tiene un buen desenlace" y que estas decisiones se traducen en pérdidas para las instituciones prestadoras. Nadie en Madrid habla así de su sistema. Porque allá la discusión es sobre mejoras, no sobre ruinas.
Un sistema imperfecto se reforma con evidencia, negociación y humildad política. No se desmonta por decreto mientras millones de personas esperan una cita, una cirugía, una respuesta.
Mientras en Madrid se discuten mejores condiciones laborales, en Colombia se pone en juego la salud de todo un país. Esa es la diferencia entre gobernar con responsabilidad y gobernar desde la improvisación.
