Justicia Social

Muy frecuentemente los partidos hablan de justicia social, hacen propuestas, y aprueban multitud de leyes encaminadas, teóricamente, a tratar de avanzar en esta cuestión. ¿Pero realmente lo logran, o es solo retórica populista diseñada para captar votos?.

Vamos a tratar de ver si los hechos dan la razón a los políticos que, escudándose en la justicia social, disparan el peso del estado y la presión fiscal, recortan las libertades, y regulan cada aspecto de la economía y de la sociedad. 

Un país muy estatista es aquel que tiene un elevado gasto público, combinado con una exhaustiva regulación e intervención de la economía y de la sociedad. 

Para evaluar el nivel de justicia social usaremos los indicadores de paro, renta, riesgo de pobreza, desarrollo humano y progreso social, así como el coeficiente de Gini. 

Fuente: datosmacro.com

ILE: índice de libertad económica (estado de derecho, tamaño del estado, eficiencia regulatoria, apertura de mercados).
ICOM: índice de competitividad.
ICOR: índice de percepción de la corrupción, mejor ranking = menor corrupción.
GINI: coeficiente de Gini, mide la desigualdad, cuanto mayor el dato, más desigualdad.
IDH: índice de desarrollo humano (esperanza de vida, sanidad, educación, renta).
IPS: índice de progreso social (necesidades humanas básicas, bienestar, oportunidades).
(*) el PIB per cápita está ajustado por la deuda per cápita dividida por 25. 

Viendo la tabla con detenimiento vemos que hay cinco casuísticas, de más estado a menos. No incluimos Irlanda, ni Noruega, por ser casos excepcionales. 

Grupo I: países con un enorme gasto público (53% de media), y un gran intervencionismo estatal y regulatorio (108 puntos de media). Estas naciones puntúan mal en los rankings de libertad económica, competitividad, y corrupción. Aquí tenemos a Francia, Italia, España. Presentan bajos niveles de justicia social, siendo España la peor de estas tres. La renta per cápita es baja, hay un alto riesgo de pobreza, especialmente en España e Italia, y bajos niveles de desarrollo humano y progreso social en todos ellos. Este grupo es más desigual que países con menos gasto público y menor intervencionismo político. 

Grupo II: países con un elevado gasto público (49,5% de media), pero con bajo intervencionismo estatal y regulatorio (24,2 puntos de media). Este grupo tiene mucho mejor nota en materia de libertad económica, competitividad, y menor corrupción. Son Finlandia, Suecia, Alemania y Dinamarca. El estado es grande, pero menos intrusivo que en el grupo I. Presentan altos niveles de justicia social dado el elevado nivel de renta, el bajo riesgo de pobreza, y elevados niveles de desarrollo humano y progresos social. Son los menos desiguales junto con Países Bajos.

Grupo III: países con un gasto público medio-alto (41,7% de media), pero con un  intervencionismo estatal y regulatorio medio (31,2 puntos de media). Este grupo puntúa bastante bien en cuanto a libertad económica, competitividad y corrupción. Aquí tenemos a Países Bajos, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Presentan un nivel de justicia social medio-alto gracias a una renta elevada, un riesgo de pobreza medio-bajo, y buenos niveles de desarrollo humano y progreso social. Son más desiguales que el Grupo II, a excepción de Países Bajos.

Grupo IV: Argentina, el único país de la muestra que no está en la OCDE. Lo incluyo porque nuestros políticos “zurdos” lo ponen como ejemplo de justicia social, como es el caso de Irene Montero. El gasto público es modesto, apenas el 37%, porque el PIB es muy bajo como consecuencia de políticas anticapitalistas fallidas, que además han provocado la insolvencia del estado, lo cual impide acudir a los mercados de capitales. La injusticia social es enorme debido a la escasa renta, a la hiperinflación, y a la enorme pobreza. Los niveles de desarrollo humano y de progreso social son muy bajos, mientras que la desigualdad es muy elevada.

Grupo V: Suiza. Tiene un bajo gasto público, mucha libertad económica, una alta competitividad, y poca corrupción. Todo esto lleva a elevadísimos niveles de renta, un riesgo de pobreza bajo (aunque algo mayor que el del grupo II), y muy elevados niveles de desarrollo humano y de progreso social. Lo único que podemos decir en su contra, es que es algo más desigual que los países del grupo II y Países Bajos, aunque menos que España o Italia. 

Conclusión

A la luz de los datos, la conclusión es que los países más estatistas (grupo I), es decir, aquellos donde el estado gasta al menos el 48% del PIB, a la vez que regula e interviene exhaustivamente en la economía y la sociedad, son los que presentan una menor justicia social y un peor desempeño económico. Es el caso de Francia, y especialmente de Italia y España. Es el fruto de los años de gobierno de Zapatero y Sánchez, y en menor medida Rajoy. 

Desde la llegada de ZP, el viraje del PSOE hacia un estatismo exacerbado ha producido el estancamiento económico y social. A pesar de aumentar el número de funcionarios, de extender el peso y el poder del estado, de disparar la presión fiscal y regulatoria; los españoles somos los segundos más pobres en cuanto a renta per cápita, y los segundos más atrasados en materia de desarrollo humano y progreso social. Por eso padecemos el mayor riesgo de pobreza de toda la muestra. 

Además, somos los más corruptos después de Italia, cosa lógica cuando el estado se excede interviniendo y regulando. Por si fuera poco, los países del grupo I son los más endeudados, y el resultado es más injusticia social, lo contrario de lo que nos dicen.

Esto sucede porque cuando el estado es enorme, cuantitativa y cualitativamente, estrangula la capacidad de generar riqueza y justicia social. El estado se convierte en un fin en sí mismo, deja de ser un medio para mejorar la sociedad.

Podemos ver en el Grupo II de la tabla que un gasto público entre el 43 y el 48% del PIB, acompañado de mucha menos intervencionismo público, de una menor regulación, produce mucha más renta y justicia social. 

Para terminar, es fácil ver como Suiza es la que tiene un estado menos despilfarrador (33% del PIB). Esto, combinado con poco intervencionismo estatal, con la menor regulación posible, produce una gran libertad económica, y una elevada competitividad. Al dejar más espacio a la iniciativa privada, Suiza genera la mayor renta per cápita de la muestra, un desempleo bajísimo, y los mayores niveles de justicia social.

La próxima vez que oigan a un político español diciendo que hace falta más estado, subir los impuestos, aumentar el n.º de funcionarios, más leyes y regulaciones aún más restrictivas, todo para alcanzar la ansiada justicia social y reducir la desigualdad, no le crean. Los hechos demuestran que miente. 

La justicia social se consigue con un estado moderado, eficaz, eficiente y sin sobrepeso, que haga solo lo imprescindible pero bien, y de forma económica. Debe además inmiscuirse lo menos posible en la economía y la sociedad. Es entonces cuando se dispara la creación de riqueza y aparece la justicia social. 

Esto es compatible con programas sociales sensatos, controlados estrictamente, y temporales,  enfocados a aquellas personas que por los motivos que sean, no puedan autosostenerse participando activamente en la economía.