España se enfrenta en 2025 al peor año del siglo en incendios forestales, con más de 343.000 hectáreas arrasadas hasta mediados de agosto, superando ampliamente el récord de 2022, que cerró con 306.555 hectáreas calcinadas. Esta dramática cifra contrasta con un dato que los expertos consideran aún más alarmante: la inversión pública en prevención de incendios ha caído a la mitad en los últimos 15 años.
Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), en 2009 se destinaban 364 millones de euros a prevención, frente a los 175,8 millones de 2022, último año con datos cerrados. Esta caída del 51% se ha producido pese a las continuas advertencias de científicos, bomberos y organizaciones ecologistas que insisten en que prevenir es más eficaz y barato que extinguir.
Más superficie quemada, menos recursos preventivos
En el verano de 2025, una combinación de calor extremo y escasa prevención ha convertido los incendios en una emergencia nacional. La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha desplegado a 3.400 efectivos, con otros 2.000 en reserva, y se ha activado el mecanismo europeo de ayuda. Incluso Italia, Francia, Alemania, Países Bajos y Eslovaquia han enviado medios aéreos y terrestres.
La situación ha obligado a evacuar a más de 8.000 personas en Castilla y León, Galicia y Extremadura. En León, las llamas ya han penetrado en el Parque Nacional de Picos de Europa, mientras zonas como El Bierzo y Ourense siguen envueltas en fuego, humo y miedo. El perímetro del incendio de Jarilla (Cáceres), por ejemplo, alcanza ya los 130 kilómetros.
Alto coste económico: más de 1.600 millones
ASEMFO calcula que apagar una hectárea de incendio cuesta unos 19.000 euros, según estudios de las universidades de Valencia y Córdoba. Teniendo en cuenta que en una sola semana de agosto se quemaron más de 84.700 hectáreas, el coste de extinción en ese periodo se estima en más de 1.600 millones de euros, una cifra muy por encima de todo el presupuesto anual destinado a la lucha contra incendios.
Curiosamente, el presupuesto para extinción se ha mantenido estable en torno a los 417 millones de euros desde 2009, aunque con importantes fluctuaciones en la superficie afectada. En cambio, la prevención ha sufrido los mayores recortes, a pesar de que es la herramienta que puede evitar que muchos de estos fuegos lleguen a producirse o escalar.
España, por debajo de la media europea
A nivel europeo, España invierte un 0,4% de su gasto público en prevención de incendios, por debajo de la media de la Unión Europea (0,5%). Países como Alemania (0,6%) o Rumanía (0,7%) destinan un mayor porcentaje, pese a tener menos superficie forestal o menor riesgo climático.
En 2022, España fue el país de la UE con más superficie quemada y, aún así, no ha mejorado su porcentaje de inversión pública en prevención. Además, el total del presupuesto forestal nacional (que incluye limpieza, biodiversidad y reforestación) ha pasado de 1.742 millones en 2009 a 1.295 millones en 2022, una caída del 26%.
Expertos piden otro modelo
Organizaciones como Greenpeace y ASEMFO reclaman desde hace años una mayor inversión en gestión forestal y prevención activa durante todo el año, no solo en verano. Proponen reforzar las labores de limpieza, recuperación del monte, educación ciudadana y la estabilidad laboral del personal de prevención.
Además, denuncian la desproporción entre lo que se gasta en apagar fuegos y lo que se podría invertir para evitarlos. “Estamos pagando las consecuencias de años de recortes y dejadez institucional”, advierten.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido en RTVE que “la UME nunca había visto incendios de esta magnitud” y ha apelado a esperar a que remita la ola de calor para poder contener el fuego. Mientras tanto, miles de hectáreas siguen ardiendo y España vuelve a enfrentarse, una vez más, al precio de no haber invertido a tiempo en prevenir lo inevitable.
