La Comunidad de Madrid ha intensificado su conflicto institucional con el Gobierno central al presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el nuevo Real Decreto de Universidades, al que acusa de ser arbitrario, vulnerar la seguridad jurídica e invadir competencias autonómicas en materia educativa.
El Consejo de Gobierno analizará este miércoles el informe técnico elaborado por la Abogacía General de la región, que sostiene que la normativa estatal fue tramitada sin consenso, sin negociación y sin consulta pública previa, pese a afectar de forma directa a las comunidades autónomas.
Madrid denuncia “exceso” de regulación estatal
El Ejecutivo autonómico argumenta que el decreto excede el marco básico que corresponde fijar al Estado y se adentra en ámbitos que el artículo 27 de la Constitución reserva a las autonomías en el desarrollo y aplicación de las leyes educativas.
Entre los aspectos más controvertidos figura el requisito impuesto a nuevos centros universitarios de contar con al menos 4.500 estudiantes, un criterio que el Gobierno madrileño considera arbitrario y que, a su juicio, no garantiza por sí mismo la calidad académica ni la excelencia institucional.
Además, Madrid sostiene que cuenta ya con mecanismos propios “muy rigurosos” para autorizar nuevas universidades y centros, procesos que —según recuerda— han permitido asegurar la calidad de la oferta educativa en la región.
Críticas a la “opacidad” del Gobierno central
El recurso subraya que la elaboración del decreto se llevó a cabo sin transparencia y sin incorporar las aportaciones de las comunidades, una situación que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera especialmente grave tratándose de una norma con impacto directo en la planificación universitaria y el modelo de gobernanza académica.
Nueva ley autonómica en marcha
En paralelo a esta ofensiva judicial, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades trabaja en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, con la que pretende reforzar los procedimientos administrativos, agilizar trámites y consolidar el marco competencial autonómico.
El Gobierno regional destaca que esta futura norma avanzará “siempre dentro de las competencias exclusivas de la región”, con el propósito de actualizar el marco universitario madrileño y reforzar su posicionamiento nacional e internacional.
