La asociación profesional JUCIL ha activado un plan de acción urgente ante el desalojo total del cuartel de la Guardia Civil de Torrelaguna, ordenado por riesgo estructural inminente. La medida afecta a ocho familias, entre ellas menores y una mujer embarazada, y compromete —según la asociación— la seguridad de más de 30.000 vecinos de la zona al deteriorar la operatividad de la unidad.
JUCIL ha remitido escritos a la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Torrelaguna, los alcaldes de los municipios afectados y la Comandancia de Madrid, reclamando soluciones inmediatas, realojo digno y fondos extraordinarios para afrontar una situación que califican de “crisis habitacional y operativa sin precedentes”.
Un edificio con grietas estructurales y riesgo de colapso
La urgente orden de salida, comunicada el 19 de noviembre, deriva de un informe técnico que detecta un avance acelerado de grietas y cavidades en el suelo, lo que impide garantizar la seguridad de agentes y familiares. El problema no es nuevo: a finales de 2024 ya se desalojaron dependencias oficiales y dos viviendas, reubicando temporalmente las oficinas en un local provisional.
Ahora, el desalojo total pone en evidencia la ausencia de viviendas oficiales disponibles en la Comunidad de Madrid, una dificultad agravada por la escasez de alquileres en la zona y los altos precios, lo que deja a las familias “en situación de indefensión y con escaso margen para encontrar alojamiento”, denuncia JUCIL.
Riesgo para el servicio a más de 30.000 vecinos
El cierre del acuartelamiento afecta directamente a la unidad que da servicio a Torrelaguna, Cabanillas, Patones, Venturada, Redueña, Torremocha, El Berrueco y La Cabrera. Aunque parte de las oficinas se ha trasladado, la asociación advierte de “graves problemas” en la gestión del armamento, los vehículos oficiales y los servicios esenciales.
El material policial continúa almacenado en zonas del cuartel declarado inseguro, y las nuevas dependencias carecen de espacio suficiente. Además, los vestuarios son insuficientes —al compartirlos personal masculino y femenino sin taquillas disponibles— y solo existe un aseo para denunciantes, detenidos y agentes, una situación que califican de “indigna e impracticable”.
JUCIL reclama fondos urgentes por al menos dos millones
La asociación exige una respuesta coordinada que incluya:
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Realojo digno e inmediato para todas las familias lo más cerca posible de Torrelaguna.
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Dotación económica de emergencia, estimada en al menos dos millones de euros, para cubrir mudanzas, traslados y alojamiento temporal.
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Reconstrucción urgente del cuartel, mediante un expediente extraordinario.
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Acceso al informe técnico completo que detalla los daños y el nivel de riesgo.
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Reuniones urgentes con el Ayuntamiento y los alcaldes de los municipios dependientes del servicio.
La asociación mantendrá la presión
JUCIL afirma que seguirá “monitorizando la situación y ejerciendo presión sobre las administraciones” hasta garantizar que la seguridad ciudadana y la dignidad de las familias se sitúen en el centro de la respuesta institucional.
