El anuncio del nuevo modelo de financiación autonómica ha provocado una fractura política sin precedentes entre comunidades y dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este viernes elecciones generales ante lo que ha calificado como un “atropello” a la igualdad territorial, mientras que la Comunidad de Madrid ha anunciado que ya estudia todas las acciones legales posibles contra un sistema que considera que “perjudica a los madrileños y beneficia fundamentalmente a los independentistas”.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que el nuevo modelo incrementará la financiación autonómica en 20.975 millones de euros, de los que 4.700 millones irán a Cataluña, el 23% del total, gracias a la introducción del principio de ordinalidad, que garantiza que Cataluña no aporte más de lo que recibe.
El modelo incluye además la cesión del 55% del IRPF y del 56,5% del IVA a las comunidades, lo que, según Montero, “aumenta la solidaridad del sistema”. Sin embargo, desde varias autonomías se acusa al Gobierno de diseñar un reparto “a la carta” para contentar a los socios independentistas.
Madrid anuncia batalla legal
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha sido contundente al asegurar que el nuevo sistema “está perjudicando a los madrileños porque con sus impuestos se va a financiar la fiesta independentista”. La dirigente regional ha anunciado que su departamento ya está analizando “todos los recursos legales” para frenar el modelo y ha acusado a Montero de “difamar y mentir” al señalar a Madrid por supuesto dumping fiscal.
Albert ha afirmado que la ministra “está a las órdenes de su amo” y que el objetivo es mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa a costa de un reparto desigual. Según los cálculos de Hacienda, Madrid recibiría 2.555 millones más en 2027, pero la región considera que esa cifra es insuficiente en comparación con el trato preferente a Cataluña.
Page rompe la disciplina socialista
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ido aún más lejos al reclamar que “hablen los españoles” antes de que prospere lo que ha calificado como “el mayor ataque a la igualdad en toda la democracia”. Desde Ciudad Real, el dirigente socialista ha lamentado que el modelo se haya pactado “con unos independentistas que quieren romper España” y ha advertido de que no participará “bajo ningún concepto” en lo que ha llamado un “intento de suicidio político de la izquierda”.
Para Page, el nuevo sistema no se ha negociado con las comunidades y se está “sirviendo el plato frío al resto”, denunciando que se rompen décadas de defensa de la progresividad fiscal: “Que pague más el que más tiene, sí, pero no para que se lleve más el que más tiene”.
Andalucía y otras comunidades se suman a las críticas
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha advertido de que se está confeccionando “un traje a medida de Junqueras” que no encaja en territorios como Andalucía. Para Moreno, la ordinalidad es sinónimo de “desigualdad y ruptura de la igualdad entre españoles”, algo que su comunidad no está dispuesta a aceptar.
Con este escenario, el nuevo modelo de financiación nace rodeado de contundentes rechazos políticos y con la amenaza de una cascada de recursos judiciales, lo que anticipa un largo y complejo recorrido parlamentario para una reforma que ya ha abierto una de las mayores brechas territoriales de los últimos años.
