Durante años, las mutualidades profesionales fueron vistas como un mecanismo solvente y exclusivo de protección social para abogados, arquitectos, procuradores o ingenieros. Sin embargo, bajo esa apariencia de seguridad se ha gestado un problema de dimensiones dramáticas. Más de 65.000 mutualistas alternativos en España han descubierto demasiado tarde que sus aportaciones no les garantizan una pensión digna, y que ni siquiera tienen derecho a los complementos mínimos que ofrece el sistema público de Seguridad Social.
María José Almodóbar, abogada y rostro visible del movimiento Pasarela al RETA, explica en esta entrevista en profundidad las raíces de una situación que define como “anacrónica, injusta y condenada al fracaso”. Señala responsables: el Estado, los colegios profesionales y las propias mutualidades, y reclama una integración justa en el régimen público, sin dejar atrás a jubilados ni viudas. Su relato revela un drama social que amenaza con arrastrar a miles de profesionales a la pobreza tras toda una vida de trabajo.
Para quien no conozca el tema, ¿qué son las mutualidades profesionales y por qué hoy suponen un problema tan grave?
Las mutualidades son un sistema de previsión social absolutamente anacrónico en nuestra legislación. Esto arranca de la posguerra, cuando no existía Seguridad Social pública. Las profesiones o empresas montaban sus propias mutualidades para cubrir bajas, jubilación, viudedad… lo que hoy cubre la Seguridad Social. En 1966 se aprueba la Ley de Seguridad Social y muchas mutualidades desaparecen porque sus mutualistas se integran en el sistema público.
Nosotros somos lo único que queda de aquel mecanismo. No somos algo nuevo, ni esto le ha pillado por sorpresa a la ministra. No. Somos los restos de algo que ahora mismo es absolutamente anacrónico.
Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta la situación actual?
En los años 80, las mutualidades pasaron a regirse por las normas de las compañías de seguros, para garantizar más seguridad, solvencia, auditoría… Eso nos llevó de un sistema de reparto —donde las cuotas iban a una bolsa común— a un sistema de capitalización colectiva. Seguíamos con nuestras pólizas en vigor, pagando y recibiendo lo que teníamos contratado.
Pero el gran error llegó en 1995, cuando se aprueba legalmente el cambio a la capitalización individual, que finalmente se implantaría en la Mutualidad de la Abogacía en 2005 y en la de Procuradores en 2012. Eso significa que cada mutualista ahorra para sus propias prestaciones. Y esto fue un error brutal que nos ha traído a la situación actual. Empezamos casi desde cero. Se dotaron unas cantidades iniciales en cuentas individuales, pero el resultado iba a ser absolutamente insuficiente. Y esto se sabía.
¿Quién sabía que el sistema iba a fracasar?
Se sabía perfectamente. El Consejo General de la Abogacía encargó en 2005 un informe a expertos que dijeron claramente: esto es insostenible. Técnicamente sostenible sí era, porque tanto pagas, tanto cobras. Pero el problema es que el resultado de las pensiones sería absolutamente insuficiente.
Y el Estado lo permitió. Reguló la capitalización individual, pero desprotegió totalmente las consecuencias que eso iba a tener para nosotros.
¿Por qué entonces los mutualistas no os pasasteis al RETA?
Porque es falso que existiera libertad real para pasarse. Desde el año 95, se hablaba de alternatividad, pero no suponía que se nos reconociera el tiempo previo ni lo aportado. Los que veníamos de antes no teníamos ni fondos, porque eran comunes. Dejabas de ser mutualista y te ibas con las manos vacías.
Incluso los colegiados después de 2005 se encontraron con dos regímenes legales. Pero nadie en su sano juicio opta voluntariamente por un sistema que le condena a tener una pensión miserable. Hasta 2018 no obligaban a las mutualidades a decirte cuál iba a ser tu pensión. Nadie podía prever esto. Nadie.
En 2005, hubo un informe clave. ¿Por qué se ocultó?
En 2005, el informe se presentó en unas jornadas del Consejo General de la Abogacía, a las que acudieron todos los decanos de España. Solo el decano de Zaragoza tuvo la decencia de trasladar esas conclusiones a sus colegiados. En Zaragoza, casi todo el mundo se pasó al RETA.
En el resto de España, nadie dijo nada. Nos vendían desde nuestras mutualidades y colegios que íbamos a mejorar nuestra pensión si hacíamos aportaciones mayores. Lo que nadie nos dijo es que estábamos perdiendo el mínimo garantizado que teníamos antes. Aunque pagásemos más, ni siquiera cubríamos lo que teníamos asegurado antes.
¿Qué papel ha jugado el Consejo General de la Abogacía y el Estado en esto?
Aquí hay una responsabilidad enorme. Porque esto es consecuencia de decisiones legislativas. Es el Estado quien determina que las mutualidades tienen que pasar a capitalización individual, sin sopesar suficientemente qué iba a suponer para nosotros.
Y no se abrió en ese momento una pasarela al sistema público con reconocimiento de derechos. Nada. Los únicos que sabíamos nada éramos los profesionales. Y esto es un negocio muy grande: la mutualidad de la abogacía mueve 11.000 millones de euros. Hay 65.000 mutualistas alternativos que pagamos religiosamente nuestras cuotas y que no podemos tocar ese dinero hasta jubilarnos. Eso invertido supone una barbaridad de beneficios.
Has mencionado “negocio”. ¿Quién se beneficia de mantener este sistema?
Pues es evidente. Esto es un negocio brutal. No es lo mismo invertir un millón de euros que 11.000 millones. Además, en las mutualidades hay una puerta giratoria clarísima: decanos de colegios que, al jubilarse, acaban en cargos directivos de las mutualidades o de sus empresas.
Mantener el sistema era una huida hacia adelante para proteger esas empresas, despreciando absolutamente las consecuencias para los mutualistas.
¿Qué solución proponéis desde Pasarela al RETA?
Lo que queremos es una pasarela de derechos. Queremos integrarnos en el RETA con reconocimiento de todo el tiempo trabajado y lo que hemos pagado a la mutualidad. No queremos privilegios. Queremos que se nos trate como a cualquier otro ciudadano.
No suponemos ningún problema para la sostenibilidad del sistema. Al contrario. Se incorporarían unos 100.000 profesionales al RETA, cotizando según ingresos. Seríamos el colectivo que más aporta al sistema, porque tenemos, en general, ingresos más altos. Esto es lo mismo que se hizo antes con mutualidades de otros sectores. No pedimos nada raro. Queremos lo mismo.
¿Qué dice la proposición de ley del PSOE? ¿Es una solución real?
Es absolutamente insuficiente. Parte del prejuicio de que somos privilegiados y de que esto ha sido voluntario desde 1995. No es verdad. Ellos quieren que compremos cotizaciones con los fondos que tenemos reconocidos individualmente en la mutualidad, como si no hubiéramos estado cotizando toda la vida a un sistema legal.
Además, dejan fuera a muchísima gente: jubilados, viudas, mutualistas que tienen hijos con discapacidad y cobran pensiones, o quienes ya tienen 15 años cotizados en el sistema público. Quieren dejar sin posibilidad de completar su pensión al 100% a muchísimos compañeros. Y eso es absolutamente inadmisible.
¿Por qué no se ha puesto solución antes, si existía base legal para integraros en la Seguridad Social?
Es lo que nos preguntamos todos. En la Ley General de la Seguridad Social hay una disposición transitoria, la número veintiuno, que permite que las mutualidades soliciten la integración de sus mutualistas alternativos. El Ministerio automáticamente inicia un proceso para regular esa pasarela. Está previsto legalmente.
¿Por qué no lo han hecho? Porque han creído que su poder y su influencia en las instituciones públicas les iba a llevar a que esto quedara en nada. Pero es que nos jugamos nuestra jubilación. No es cualquier cosa. En el momento en que hemos sido conscientes, porque la ley les ha obligado a informarnos, solo hay un camino: luchar por nuestras pensiones y por nuestras familias. No es cualquier cosa por lo que estamos peleando.
¿Qué consecuencias reales está teniendo esta situación para los mutualistas?
Esto es muy grave. Hay abogados con 80 años arrastrando la toga por los juzgados. ¿Por gusto? No. Porque no se pueden jubilar. Tenemos compañeros con pensiones de 300 euros tras haber cotizado toda la vida. Y encima, ni siquiera tenemos derecho al complemento a mínimos que garantiza el Estado.
Antes de 2012, los mutualistas ni siquiera teníamos sanidad pública. Hemos pagado nuestra sanidad privada a mayores de nuestras cuotas. Hemos cumplido siempre con la ley, hemos trabajado, hemos generado riqueza… y nos condenan a la indigencia. Y esto no se puede permitir.
¿Qué apoyo social habéis recibido hasta ahora?
Durante el primer año de lucha, conseguimos que muchos ayuntamientos aprobaran proposiciones de apoyo. Ahora estamos organizando una gran manifestación conjunta en Madrid el 27 de septiembre, desde Plaza de España hasta el Congreso. Estarán abogados, arquitectos, procuradores, aparejadores… Esto afecta a miles de familias. No somos el problema, somos las víctimas de una legislación que nos ha abandonado.
Para terminar, ¿qué mensaje lanzarías?
Esto no es cualquier cosa, es que no podemos desistir. Estamos peleando por nuestra jubilación, por nuestras familias. Estamos defendiendo derechos básicos. Es que no es de recibo que haya españoles que, después de toda una vida trabajando, estén condenados a la miseria. Queremos justicia. Queremos que se nos trate como a cualquier otro trabajador autónomo de este país.
¿Por qué hay abogados con 80 años arrastrando la toga por los juzgados? ¿Porque les gusta mucho su profesión? No. Porque no se pueden jubilar. Y eso es un derecho constitucional, no es ningún privilegio.
