Orlando Moreno (Vente Venezuela): “La soberanía no puede invocarse para encubrir crímenes de lesa humanidad”

El coordinador nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela analiza el colapso del régimen chavista, la situación límite de los presos políticos y las condiciones imprescindibles para una transición legítima en Venezuela.

Orlando Moreno, coordinador nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela
photo_camera Orlando Moreno, coordinador nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela

La crisis venezolana ha entrado en una fase decisiva. Mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate nuevamente la situación del país y Estados Unidos adopta medidas sin precedentes contra la cúpula del poder chavista, millones de venezolanos asisten —con esperanza contenida y miedo real— a un momento que puede marcar el final de más de dos décadas de autoritarismo.

En este contexto, Orlando Moreno, coordinador nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela, ofrece un análisis contundente sobre la naturaleza del régimen, el uso perverso del concepto de soberanía, la represión sistemática, la situación extrema de los presos políticos y las condiciones mínimas para una transición pacífica, ordenada y constitucional.

En un momento de máxima atención internacional sobre Venezuela, ¿qué significado tiene para ustedes el debate abierto en Naciones Unidas?

Es fundamental recordar que el derecho internacional contemporáneo no es un recurso retórico ni selectivo. Es un sistema construido para proteger a los pueblos, preservar la dignidad humana y establecer responsabilidades frente a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.

Desde esa perspectiva, resulta insostenible pretender que principios como la soberanía estatal puedan ser invocados para encubrir crímenes de lesa humanidad, persecuciones políticas, ejecuciones extrajudiciales o la anulación prolongada de la voluntad popular. El derecho internacional moderno no ampara a regímenes criminales ni legitima el control del poder basado en el terror, la represión o el saqueo de una nación.

El régimen insiste en presentarse como garante de la soberanía nacional. ¿Dónde reside realmente esa soberanía?

La soberanía no reside en quien ordena encarcelar inocentes, gobierna mediante el miedo o secuestra la voluntad popular desde un palacio. La soberanía reside —y siempre ha residido— en el pueblo.

Tampoco la soberanía de Venezuela puede ser atribuida, delegada o subordinada a intereses extranjeros. No pertenece a Cuba, que durante años ha operado dentro del país con su aparato de inteligencia y represión; ni a Rusia, ni a China, ni a Irán. La soberanía nacional y popular fue progresivamente usurpada, y ese despojo constituye el núcleo del conflicto venezolano contemporáneo.

¿Cómo describiría hoy la naturaleza real del poder en Venezuela?

En Venezuela se desmanteló el orden constitucional hace muchos años. Una estructura criminal de carácter transnacional, vinculada al narcotráfico y al terrorismo de Estado, se apropió de las instituciones para actuar con impunidad, simular legalidad y ejecutar violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, calificadas incluso por instancias internacionales como crímenes de lesa humanidad.

Se utilizó la apariencia de Estado para blindar ilegalidades, vaciar la República y pulverizar la nación, provocando el desplazamiento forzado de millones de venezolanos y la desaparición práctica de las garantías constitucionales.

Tras los acontecimientos recientes, ¿consideran que el régimen ha entrado en una fase irreversible?

Sin ninguna duda. Hoy afirmamos con claridad que ha llegado la hora de la libertad en Venezuela. Quienes han usurpado la soberanía atraviesan una fase irreversible de pérdida de legitimidad política, moral e incluso jurídica.

El colapso del aparato usurpador no es un hecho aislado ni repentino. Es la consecuencia directa de años de represión, corrupción, criminalidad organizada y de la negativa sistemática a una salida democrática, negociada o conforme a la ley. Las figuras que sostuvieron ese esquema ya no actúan en función del interés nacional, sino movidas por la preservación de privilegios indebidos y el temor a rendir cuentas ante la justicia.

Tras las elecciones del 28 de julio de 2024 se produjo una nueva ola represiva. ¿Qué está ocurriendo sobre el terreno?

Tras la expresión inequívoca de la voluntad popular del 28 de julio de 2024 —certificada por instancias técnicas internacionales y respaldada por pruebas irrefutables— se desató una nueva ola de persecución contra ciudadanos cuyo único delito fue defender su derecho al voto.

La equiparación entre víctimas y victimarios es moralmente inadmisible. Cualquier intento de relativizar esa responsabilidad constituye una forma de convalidación de crímenes de lesa humanidad.

¿A quién reconocen como autoridad legítima en este momento?

Venezuela cuenta con un gobierno legítimo electo en las urnas el 28 de julio de 2024. Reconocemos a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Convocamos a todos los venezolanos a trabajar conjuntamente por una transición pacífica, ordenada y constitucional, sustentada en ese mandato popular.

En el exterior se han visto manifestaciones contra las medidas adoptadas por Estados Unidos. ¿Cómo las interpretan?

El régimen se ha constituido como una organización terrorista internacional; así lo ha establecido claramente la justicia estadounidense. Durante años ha introducido grandes sumas de dinero en distintos países y organizaciones para fabricar una narrativa falsa.

Quienes se manifiestan contra esas decisiones no son venezolanos. Son personas pagadas por el régimen criminal para simular rechazo internacional. La realidad es que los venezolanos, dentro y fuera del país, sienten alivio y esperanza. En el exterior la celebración es visible; dentro del país, la alegría es silenciosa, contenida, pero profundamente real.

Se ha planteado que Delcy Rodríguez lidere una transición. ¿Es una opción viable?

No. Delcy Rodríguez no puede encabezar ninguna transición. Forma parte del entramado criminal, del cartel de los Soles, de la estructura responsable de encarcelar, torturar y forzar a miles de venezolanos a la clandestinidad o al exilio.

No puede haber transición con presos políticos, ni mientras millones de venezolanos no puedan regresar a su país sin temor a ser asesinados. Una transición real solo puede ser liderada por quienes fueron legítimamente elegidos.

¿Qué garantías mínimas exigen para que esa transición sea real?

La presencia del presidente electo Edmundo González Urrutia y de la líder nacional María Corina Machado en la conducción del proceso. Esa es la garantía para que los venezolanos podamos salir a la calle sin miedo, para que los exiliados regresen y para que los presos políticos sobrevivan.

¿Cuál es hoy la situación de los presos políticos en Venezuela?

En Venezuela no hay detenidos: hay ciudadanos secuestrados por una estructura criminal. Las cárceles no separan culpables de inocentes; separan a hombres y mujeres dignos de un sistema que ha hecho de la tortura y el vejamen su herramienta de supervivencia.

Lugares como El Helicoide no son prisiones, son monumentos a la crueldad. Cada minuto adicional de encierro ilegal es un cargo más ante la justicia internacional. Los presos políticos no son fichas de negociación: son padres, hijos, hermanos. Su libertad es un acto de justicia, no una concesión.

¿Existe un riesgo inmediato para sus vidas?

Sí. El riesgo es real y está documentado. Familiares de presos han denunciado amenazas directas de asesinarlos si la situación se agrava. Hoy vemos colectivos armados, civiles con armas de alto calibre, ocupando el espacio público. No vemos policías ni militares: vemos milicias irregulares actuando como nuevo “orden”.

Mientras esa estructura criminal siga intacta, no existen libertades ni garantías.

Para terminar, ¿qué mensaje lanza a la comunidad internacional y a los venezolanos?

A quienes han sido obligados a acatar órdenes ilegítimas, les decimos con claridad: no cometan crímenes para sostener una estructura criminal en descomposición.

Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos. A los venezolanos dentro del país, mantenerse organizados y firmes en defensa de sus derechos. A los venezolanos en el exterior, continuar informando con verdad y responsabilidad.

Son veinticinco años de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Las víctimas merecen justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. Hoy existen fundamentos suficientes para afirmar que la justicia internacional alcanzará a todos los responsables.

La libertad y su defensa quedan en manos del pueblo venezolano. Lo que tenía que pasar está pasando. Venezuela será libre.