Mutualidad de Procuradores

Lina Vassalli: “Queremos que ningún mutualista quede atrás, tampoco los pasivos ni los enfermos”

La vocal del Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores defiende el trabajo del nuevo equipo, desmiente las acusaciones de falta de transparencia y se alinea con las reivindicaciones del movimiento J2 para una pasarela voluntaria al RETA que no deje a nadie fuera.

Lina Vassalli Arribas, vocal del Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores
photo_camera Lina Vassalli Arribas, vocal del Consejo Directivo de la Mutualidad de Procuradores

La Mutualidad de Procuradores atraviesa un proceso complejo, marcado por décadas de decisiones institucionales poco claras y un creciente malestar entre sus mutualistas. Pensiones bajas, falta de información en el pasado, y la posible implantación de una pasarela al régimen general (RETA) han llevado al colectivo a movilizarse, en especial a través del Movimiento J2.

En esta entrevista, Lina Vassalli Arribas, vocal del actual Consejo Directivo, ofrece su versión de los hechos. Con un tono firme pero dialogante, Vassalli defiende la labor del nuevo equipo, denuncia campañas de desinformación, apoya las demandas del colectivo y aporta datos concretos sobre las finanzas y la gestión actual. La conversación pretende arrojar luz sobre el presente y el futuro de una mutualidad en la que aún hay miles de profesionales en juego.

¿Dónde comienza el problema con las pensiones de los mutualistas?

Todo arranca con el cambio legislativo de 1995. Hasta entonces, las mutualidades funcionaban con capitalización colectiva, como un fondo común. Con la nueva ley, se obligó a constituirnos como entidades aseguradoras, bajo la normativa del contrato de seguros, y se eliminó la posibilidad de integración colectiva en la Seguridad Social. Desde ese momento, la decisión de permanecer en la mutualidad o irse al RETA pasó a ser individual.

¿Qué ocurrió entonces con los mutualistas que quisieron cambiarse al RETA?

Que hasta el año 2000, si te ibas, perdías todo lo aportado. Luego, una sentencia del Supremo permitió cotizar en ambas, y otra en 2005 aclaró que no se perdía lo aportado. Pero para entonces, muchos ya habían decidido quedarse, muchas veces sin saber las consecuencias reales.

¿Se informó adecuadamente a los mutualistas?

No se puede decir que fuera una negligencia, pero sí que faltó valentía. Faltó transparencia para decir: “O subimos las cuotas o en el futuro las pensiones serán muy bajas”. En lugar de eso, se mantuvo un modelo de cuotas bajas, para no perder mutualistas, pero eso nos ha traído hasta aquí. La Mutualidad materializó el paso de capitalización individual a colectiva el último año del periodo de 10 años de adaptación que estableció la norma, lo que perjudicó al no poderse aumentar en capital individual aportado durante esos 10 años.

¿Qué implicó el paso a la capitalización individual en 2013?

Que cada mutualista pasó a tener su fondo. Se hizo un cálculo actuarial que dependía de tu edad, años cotizados y años que te quedaban hasta la jubilación. Quien llevaba más años bajo el sistema colectivo salió perjudicado. Ahora no hablamos de pensiones, sino de rentas según lo que tengas en tu mochila.

¿Qué cuantías se están percibiendo actualmente?

Tenemos compañeros cobrando entre 280 y 400 euros mensuales. A eso hay que añadir que los seguros y los gastos de gestión se detraen de la cuota anual, que ronda los 3.000 euros. Al fondo realmente van unos 2.000, y eso no es suficiente. Por eso muchos ahora estamos preocupados.

¿Qué pasa con el rendimiento de las inversiones?

Se reparte una participación en beneficios. Este año, por ejemplo, se ha incrementado un 4,73% el fondo de cada mutualista, lo que equivale a unos 2.000 euros en muchos casos. Eso se suma a la mochila individual. Además, por primera vez, hemos repartido excedentes: casi 600.000 euros entre 2023 y 2024, tocando a unos 100 euros por persona, que se han sumado también al fondo d cada mutualista.

¿Hay diferencias con la Mutualidad de la Abogacía?

Muchísimas. Ellos tienen negocios paralelos, un patrimonio de más de 11.000 millones. Nosotros, 514 millones. Tenemos una correduría de seguros que revierte sus beneficios a la fundación, y nada más. No hay entramados ni estructuras empresariales.

¿Cómo veis desde el Consejo Directivo la posible pasarela al RETA?

La apoyamos plenamente. Estamos alineados con el Movimiento J2. Pedimos que sea voluntaria, sin limitaciones y que no deje fuera a nadie: ni a pasivos, ni a enfermos que hayan agotado su fondo. Que cada uno decida si se queda o se va, disponiendo de todos los datos que les ayuden a tomar la decisión.

¿Qué pasaría si muchos deciden marcharse al RETA?

Eso no lo sabemos aún. Todo depende de cómo se regule la pasarela. Pero si se obliga a las mutualidades a devolver los capitales de golpe, habría que deshacer inversiones a largo plazo, lo que generaría minusvalías y perjudicaría a los fondos individuales. En las múltiples reuniones mantenidas como con el PSOE y el PP nos trasladaron que las mutualidades seguirán gestionando esos fondos hasta que llegue el hecho causante, pero no sabemos como quedará esto. En la última reunión con el secretario de Estado, el señor Borja Suárez Corudo, nos respondió que hay un extremo que aún no se ha decidido y que será una cuestión que deban tratar con la DGSFP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).

Se os acusa de falta de transparencia. ¿Qué opinas?

Es rotundamente falso. Desde que estamos nosotros, todo se publica: actas, auditorías, memorias… Se manda por correo a todos los mutualistas. Incluso tenemos un 60% de tasa de apertura. Quienes nos critican, lo hacen sobre documentos que han recibido y leído. No hay ocultación alguna.

¿Qué ha cambiado con este nuevo equipo?

Todo. Antes no se publicaban ni las actas. Ahora vamos a los colegios a dar la cara, explicamos lo que hacemos y respondemos a todo. Nadie cobra un euro. Lo único que se paga son taxis o una comida tras jornadas maratonianas. Lo hacemos con recursos propios, dejando nuestros despachos y nuestras familias.

Denuncias que habéis recibido ataques personales.

Sí. A mí me han acusado hasta de falsificación de documento público. No es solo crítica: es difamación. Y viene, muchas veces, de sectores que quieren dinamitar la Mutualidad en la falsa creencia de que así se puede obligar al Estado a absorbernos. También se dice que la Mutualidad está en quiebra y que se están vendiendo inmuebles para buscar liquidez, algo que es absolutamente falso. Hemos incrementado nuestra ratio de solvencia de un 174% a cierre de cuentas de 2024 a 199 en julio de este año, lo que significa que somos capaces de hacer frente a nuestras obligaciones casi dos veces. Tenemos más de 514 millones de patrimonio, constituido por la suma de todos y cada uno de los fondos individuales de los Mutualistas e invertido en los inmuebles que tenemos y en las inversiones financieras que se realizan. No hay más patrimonio. En este punto confunden la Mutualidad de Abogados con la de Procuradores.

Hay voces que discrepan con el sistema que tenéis de votación actual, ¿se podría mejorar?

Cada provincia tiene un voto por cada 300 mutualistas o fracción. Eso hace que Ceuta, con 16 mutualistas, tenga el mismo voto que Granada, que cuenta con 290. Hemos hecho los cálculos, que han sido trasladados en las dos últimas asambleas, y, aunque se votara de forma individual, los resultados serían los mismos.

¿Cuál es el mensaje final que quiere transmitir?

Que no somos responsables de lo que ha pasado durante 40 años. Hemos llegado para cambiar las cosas, con transparencia, esfuerzo y vocación. Queremos que todos los mutualistas puedan tener rentas dignas, y no vamos a parar hasta lograrlo.