La investigación sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra ha dado un nuevo giro tras conocerse que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) supo y autorizó pagos en Suiza y Gibraltar realizados con fondos públicos, según documentación a la que ha tenido acceso la prensa.
La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delito en los préstamos que la aerolínea contrajo entre 2020 y 2021 y que posteriormente fueron liquidados con el dinero del rescate estatal de 53 millones de euros aprobado en marzo de 2021.
Préstamos puente ligados al rescate público
Los documentos revelan que Plus Ultra informó a la SEPI de la existencia de préstamos por un total de 1,3 millones de euros firmados con sociedades vinculadas al empresario holandés Simon Leendert Verhoeven, actualmente investigado por las fiscalías de Suiza y Francia como presunto cabecilla de una trama de blanqueo relacionada con altos cargos del régimen venezolano.
Uno de los contratos, fechado el 29 de enero de 2021, estipulaba un préstamo de 450.000 euros a través de la sociedad Valerian Corporation Limited, domiciliada en Gibraltar. En él se fijaban intereses del 9 %, una comisión del 2 % y la obligación de devolver el dinero de forma automática en el momento en que Plus Ultra recibiera los fondos de la SEPI.
En el documento, el entonces presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, justificaba el recurso a este prestamista por la tardanza del holding público en tramitar el rescate: “La SEPI no cuenta con los recursos materiales y humanos suficientes para la tramitación de todas las solicitudes en un plazo óptimo”.
Transferencias desde Suiza, Gibraltar y Panamá
Además del préstamo de Gibraltar, la aerolínea recibió otros 500.000 dólares en octubre de 2020 a través de la británica Wailea Invest y otro medio millón desde la suiza Allpa Wira, todos ellos con la misma cláusula: la devolución automática cuando llegara el rescate estatal.
Una vez aprobado el rescate por el Consejo de Ministros, a propuesta de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parte de los 53 millones se destinó a cancelar estos créditos, además de otro préstamo de 450.000 euros de Panacorp, un banco panameño vinculado a los accionistas venezolanos de la compañía.
La Fiscalía considera que estas operaciones podrían estar relacionadas con presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, al haberse canalizado fondos públicos a sociedades radicadas en territorios considerados de alto riesgo fiscal.
La SEPI guarda silencio y Plus Ultra se defiende
La SEPI ha declinado hacer comentarios sobre estos préstamos alegando la confidencialidad de los acuerdos firmados con las empresas rescatadas durante la pandemia. Por su parte, fuentes de Plus Ultra sostienen que los préstamos fueron legales, transparentes y comunicados al Estado, y que el contacto con Verhoeven se produjo a través del entonces principal accionista venezolano, Rodolfo Reyes.
No obstante, los contratos muestran que el Estado conocía el entramado financiero y autorizó la devolución de estos créditos con dinero público, lo que ahora sitúa al rescate de Plus Ultra en el centro de una de las investigaciones más delicadas sobre el uso de fondos estatales durante la crisis sanitaria.
