Proyecto liderado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en estrecha colaboración con los sindicatos CCOO y UGT.
El anteproyecto, que será tramitado por la vía de urgencia, se presenta como un paso decisivo hacia la mejora de las condiciones laborales en España, aunque enfrenta una compleja negociación parlamentaria y la oposición de la patronal CEOE.
El pacto se alcanzó este lunes en la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), formada por los ministerios con competencias económicas, entre los que se encuentran el de Trabajo y Economía, Comercio y Empresa, dirigido por Carlos Cuerpo.
Un pacto con los sindicatos, pero sin apoyo de la patronal
El texto llega al Consejo de Ministros tras meses de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. Mientras que CCOO y UGT han mostrado su respaldo total al proyecto, la CEOE y Cepyme han rechazado la medida, argumentando que podría afectar negativamente a la productividad y la competitividad de las empresas.
La patronal ha señalado que esta reforma es "inconstitucional" por presuntamente vulnerar el diálogo social, un argumento que los líderes sindicales han calificado de infundado. "La constitucionalidad de la reducción de la jornada está perfectamente recogida en el Estatuto de los Trabajadores", afirmó Unai Sordo, secretario general de CCOO.
Un futuro parlamentario incierto
El Gobierno afronta ahora el reto de asegurar los votos necesarios para la aprobación definitiva de la reforma en el Congreso. Las posturas de partidos como el PNV, Junts y el PP aún no están claras, lo que podría complicar la tramitación. Fuentes gubernamentales admiten que será necesario trabajar intensamente para garantizar el respaldo de estas formaciones.
A pesar de las dificultades, Yolanda Díaz ha defendido la medida como una herramienta clave para equilibrar la vida laboral y personal de los trabajadores. Además, el texto incluye derechos como la desconexión digital y endurece las sanciones por incumplimientos en los límites de la jornada laboral, elevando las multas máximas de 7.500 a 10.000 euros.
Sin ayudas a empresas, pero con plazos claros
La reforma establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2025 para que las empresas adapten la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sin embargo, no contempla ayudas específicas para las pequeñas y medianas empresas, una propuesta que inicialmente estuvo sobre la mesa pero que fue descartada tras la negativa de la CEOE a participar en un acuerdo tripartito.
Derecho a la desconexión y medidas sancionadoras
Entre los aspectos destacados del proyecto, se encuentra el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, especialmente para quienes trabajan a distancia. Las empresas deberán garantizar que sus empleados puedan desconectar de herramientas digitales fuera del horario laboral, asegurando tiempos de descanso efectivos.
Por otro lado, la reforma endurece las sanciones para las empresas que no cumplan con los límites de la jornada laboral, aplicando multas individuales por cada trabajador afectado, lo que busca desincentivar abusos y horas extraordinarias no remuneradas.
Un paso hacia el futuro del trabajo en España
Con esta reforma, el Gobierno pretende no solo mejorar las condiciones laborales, sino también impulsar la productividad y la competitividad del país. Sin embargo, el desafío ahora está en conseguir los apoyos necesarios para que la medida se convierta en una realidad, marcando un hito en la legislación laboral española.
