Esta estimación, presentada en el Consejo de Gobierno a través de un informe oral de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, destaca el fuerte impacto económico que la nueva normativa podría tener en estos sectores, claves en la economía regional.
Según el informe, la medida generará un sobrecoste de 1.775 millones de euros anuales en el sector comercial y de 860 millones en el hostelero, lo que supondrá una carga financiera considerable para empresarios y autónomos. Estos sectores representan actualmente el 17,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid y emplean a casi 800.000 trabajadores, lo que refuerza la preocupación del Ejecutivo autonómico por el futuro económico de la región.
Críticas a la falta de consenso y aumento de la conflictividad laboral
El Gobierno madrileño ha expresado su rechazo frontal a la medida, alegando que se trata de una imposición unilateral que no ha sido consensuada con los agentes sociales. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha denunciado que la normativa vulnera la negociación colectiva y restringe la libertad de empresa, generando además inseguridad jurídica debido a la falta de un desarrollo reglamentario claro.
Uno de los principales riesgos señalados en el informe es el incremento de la conflictividad laboral, derivado de la dificultad de gestionar las presunciones de incumplimiento establecidas en la ley. Según el Ejecutivo madrileño, estas presunciones pueden resultar excesivas y generar problemas de aplicación en las empresas, especialmente en las de menor tamaño.
Pymes y autónomos, principales perjudicados
El informe destaca que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos serán los más afectados por esta reforma laboral, ya que la reducción de jornada les obligará a contratar personal adicional para cubrir las horas de trabajo reducidas o, en su defecto, a reducir su actividad y, por ende, sus ingresos.
Además, el Gobierno regional critica la ausencia de un análisis riguroso del impacto económico, así como de estudios detallados sobre las cargas administrativas y las consecuencias organizativas de la norma. La Consejería de Economía ya ha remitido al Ministerio de Trabajo y Economía Social un documento con las alegaciones de la Comunidad de Madrid, en el que expresa su preocupación por los efectos negativos de la medida.
España, entre las legislaciones más rígidas de Europa
El informe también alerta de que la aprobación de esta normativa situaría a España entre los países con una de las legislaciones laborales más rígidas de la Unión Europea. Según el Ejecutivo madrileño, la reducción de la jornada laboral añade nuevos costes financieros y burocráticos que dificultarán el cumplimiento de la normativa, especialmente para las empresas de menor tamaño, que disponen de menos recursos para adaptarse a este tipo de cambios.
Dado el impacto económico y laboral que esta medida podría generar, el Gobierno de la Comunidad de Madrid insiste en la necesidad de reconsiderar su aplicación y de buscar alternativas que permitan un mayor consenso con los sectores afectados.
