La cascada de derrotas judiciales internacionales por los recortes a las energías renovables amenaza con convertirse en uno de los mayores desastres financieros del Estado español en las últimas décadas. En solo dos semanas, la justicia de Estados Unidos ha fallado por sexta vez consecutiva contra España, ordenando indemnizaciones por 291 millones de euros a fondos internacionales, mientras que en Bélgica se ha ejecutado el embargo de los ingresos de Enaire, la empresa pública encargada de la gestión del espacio aéreo.
Según fuentes jurídicas, el conjunto de condenas acumuladas supera ya los 2.000 millones de euros, aunque el impacto total podría alcanzar los 11.000 millones si el Estado sigue perdiendo los litigios pendientes. Estos fallos derivan de los recortes a las primas de las energías renovables aprobados durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que alteraron los contratos firmados con inversores internacionales amparados por el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
Una cadena de derrotas sin precedentes
El Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha dictado seis sentencias consecutivas en contra de España, confirmando la obligación de compensar a fondos de inversión extranjeros que apostaron por el sector renovable entre 2008 y 2012. A esto se suma el fallo reciente en Bruselas, donde un juzgado ha embargado 260 millones de euros de derechos de cobro de Enaire, empresa participada en un 51% por el Estado y en un 49% por accionistas privados.
Esta decisión implica que Enaire dejará de percibir ingresos en Bélgica hasta que se satisfaga la deuda. “Nos están embargando activos públicos y privados porque el Gobierno se niega a negociar; estamos pagando las costas, los intereses de demora y la pérdida de reputación internacional”, advierte el economista José Ramón Riera, quien resume la situación con una frase contundente: “De derrota en derrota, hasta la ruina total”.
El origen del problema: las promesas incumplidas de las primas verdes
A finales de la década de 2000, el Ejecutivo de Zapatero impulsó un modelo de incentivos para las energías renovables que atrajo miles de millones en inversión extranjera. Sin embargo, tras la crisis económica, el Gobierno de Rajoy recortó drásticamente las primas mediante un decreto que cambió retroactivamente las condiciones del sistema. Este giro provocó más de 50 demandas internacionales presentadas ante tribunales de arbitraje, la mayoría de ellas bajo el amparo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Desde entonces, España pierde sistemáticamente los casos o logra acuerdos parciales que apenas reducen el impacto económico. En algunos laudos, los jueces han señalado “falta de buena fe contractual y trato discriminatorio” hacia los inversores, al modificar de manera unilateral los marcos de retribución pactados.
Embargos y riesgos para las empresas públicas
La reciente orden de embargo sobre Enaire se considera un precedente peligroso, ya que abre la puerta a que otros acreedores internacionales reclamen activos públicos españoles en el extranjero. Según los analistas, la falta de voluntad del Gobierno para negociar acuerdos extrajudiciales está agravando la situación: “Cada pleito perdido encarece la factura por los intereses y las costas; es una estrategia suicida, advierte Riera. Negociar es más rentable que perder una y otra vez en los tribunales”.
El economista insiste en que la falta de previsión y de estrategia jurídica ha convertido el problema en una bola de nieve: “Estamos ante la mayor cadena de condenas internacionales sufrida por un país europeo en tiempos de paz”, subraya.
Una factura que puede arrastrar a las finanzas públicas
Las previsiones más pesimistas apuntan a que el coste final, entre indemnizaciones, intereses y costas judiciales, podría superar los 11.000 millones de euros, una cifra equivalente a más del 0,8% del PIB español. Además, las pérdidas no se limitan al presupuesto del Estado: también afectan a empresas participadas como Enaire, Red Eléctrica o Enagás, con impacto directo sobre sus accionistas privados y la confianza de los inversores internacionales.
Diversos expertos en derecho internacional reclaman una solución negociada que evite nuevos embargos y detenga el deterioro reputacional del país. Sin embargo, hasta ahora el Gobierno mantiene su postura de impugnar los laudos y recurrir cada fallo, una estrategia que solo está prolongando los plazos y multiplicando los costes.
Conclusión: el precio de no negociar
La situación se resume en una advertencia del propio Riera: “No querer pactar significa seguir perdiendo y seguir pagando. Estamos hipotecando nuestro prestigio y el futuro económico del país por pura obstinación política”.
Mientras tanto, los fondos acreedores continúan su ofensiva legal en distintos países europeos y en Estados Unidos, donde los embargos de cuentas y activos españoles ya superan los 800 millones de euros. Todo apunta a que, si no se produce un cambio de estrategia, España seguirá avanzando de derrota en derrota… hasta la ruina total.
