El gasto en personal político de la Administración General del Estado se ha disparado en los últimos seis años, según los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado. Entre 2018 y 2024, el coste conjunto de altos cargos, personal eventual y la categoría denominada “otros” ha pasado de 132,1 millones de euros a 250,5 millones, lo que supone un incremento cercano al 94%.
El economista José Ramón Riera resume la situación con una frase contundente: “Esto ya no es un pico coyuntural, es un régimen de gasto que se ha instalado en la estructura del Estado”.
Altos cargos, eventuales y ‘otros’: las cifras del aumento
El análisis por categorías revela un crecimiento especialmente acusado en los puestos de libre designación y contratación temporal:
Altos cargos
De 70,7 millones en 2018 a 85,4 millones en 2024, un aumento del 20,8%.
Personal eventual o de confianza
De 41,4 millones a 75,4 millones, lo que supone un incremento del 82,3% en seis años.
Categoría “otros”
El bloque más opaco y el que más crece: de 20,1 millones en 2018 a 89,6 millones en 2024, un aumento del 346,3%.
Para Riera, este último apartado es especialmente preocupante porque “se ha convertido en un cajón de sastre donde caben contratos temporales que se eternizan y estructuras paralelas al funcionariado”.
Un modelo que se consolida como estructura
Lejos de tratarse de un repunte puntual, el aumento sostenido del gasto evidencia un cambio profundo en la arquitectura administrativa. “Cuando casi duplicas el gasto en personal político en seis años, ya no hablamos de ajustes, hablamos de una forma de gobernar basada en la expansión de la red de cargos y asesores”, advierte el economista.
Este incremento contrasta con los mensajes oficiales sobre la falta de recursos para políticas públicas esenciales. Mientras se insiste en la necesidad de contener el gasto en servicios o inversión, el presupuesto dedicado a estructuras políticas sigue creciendo.
Críticas a la opacidad y al efecto sobre la productividad
Expertos en finanzas públicas subrayan que el problema no es solo el volumen, sino la naturaleza de este gasto. La categoría “otros” carece de una definición clara para el ciudadano y se ha convertido en uno de los capítulos más difíciles de fiscalizar.
Riera lo resume así: “Si conviertes el presupuesto en una agencia de colocación, dejas de gestionar un país para empezar a administrar clientelas”.
Un debate que apunta al modelo de Estado
El crecimiento del gasto en altos cargos, asesores y personal no estructural reabre el debate sobre la sostenibilidad del modelo administrativo. Cada euro destinado a estas partidas es un euro menos para inversión productiva, políticas sociales o reducción de deuda.
Desde distintos ámbitos se reclama una revisión profunda de estas categorías y una mayor transparencia en los criterios de contratación. De lo contrario, el temor es que este modelo termine consolidándose como una estructura rígida y difícil de revertir.
