La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el nuevo modelo de financiación autonómica “se abrirá camino” en el Congreso de los Diputados a pesar del rechazo frontal del Partido Popular, al que ha acusado de “añorar la etapa de conflicto con Cataluña”.
Durante su intervención en Sevilla en la Interparlamentaria de los socialistas andaluces, Montero ha defendido que el acuerdo alcanzado con ERC es clave para garantizar la viabilidad parlamentaria del modelo, lo que a su juicio permitirá que la reforma reciba finalmente el refrendo de la Cámara Baja.
La ministra ha ido más allá al afirmar que ya existen presidentes autonómicos del PP que, en privado, discrepan de la postura oficial de Génova. Según Montero, algunos de ellos “ya están diciendo que esto hay que estudiarlo”, conscientes de los beneficios que el nuevo sistema puede tener para sus territorios, aunque ha augurado que al final se impondrá el “sectarismo político” de la dirección nacional popular.
Críticas al discurso del PP
Montero ha reprochado al PP que haya pasado de hablar de “agravios” a calificar el modelo como una propuesta “electoralista”. “Cuando el PP tilda una propuesta de electoralista es porque es buena”, ha ironizado, recordando además que los populares pactaron en su día la financiación autonómica con los nacionalistas catalanes durante los gobiernos de José María Aznar.
21.000 millones más para las comunidades
La vicepresidenta ha subrayado que el nuevo sistema supondrá 21.000 millones de euros adicionales cada año para las comunidades autónomas, de los cuales el 70 % irá a regiones gobernadas por el PP, un dato con el que ha querido desmontar las acusaciones de trato de favor al bloque socialista.
En el caso de Andalucía, Montero ha cifrado en 4.850 millones de euros el incremento de recursos, a los que se sumarán 1.000 millones adicionales procedentes del fondo de compensación interterritorial, asegurando que será la región que más financiación reciba con el nuevo modelo.
Vigilancia sobre el destino de los fondos
La ministra ha advertido de que el Ejecutivo estará “a la ofensiva” para controlar el uso de los nuevos recursos y garantizar que se destinen a servicios públicos esenciales. “No vamos a hacer un esfuerzo de 21.000 millones para que vayan a la Quirón o a universidades privadas”, ha sentenciado.
Según Montero, los fondos deberán reforzar la sanidad, la educación pública, la justicia gratuita y la vivienda asequible, con el objetivo de blindar el Estado del bienestar y evitar que la reforma de la financiación se convierta en una vía para desviar recursos a servicios privados.
