La Comunidad de Madrid ha celebrado hoy, por primera vez, una jornada específica dedicada al problema de la ocupación ilegal de viviendas, en la que ha reclamado al Gobierno central “medidas eficaces y urgentes” para frenar este fenómeno delictivo y proteger a los propietarios legítimos.
El evento ha tenido lugar en la sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ubicada en la calle Maudes, y ha sido inaugurado por el consejero Jorge Rodrigo.
Durante su intervención, Rodrigo ha denunciado la indefensión que sufren miles de familias afectadas por la ocupación y ha instado al Ejecutivo nacional a endurecer el Código Penal en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles. “Estaremos siempre del lado de quienes cumplen la ley. La ocupación no es un problema de bancos o grandes tenedores, detrás hay autónomos, jubilados y familias que sufren auténticos calvarios para recuperar su hogar”, ha señalado el consejero.
Un espacio para afectados y soluciones reales
La jornada ha reunido a expertos en derecho, seguridad y políticas públicas, así como a víctimas que han compartido sus experiencias personales. Este foro ha servido para poner de relieve no solo las carencias del marco legal vigente, sino también los avances impulsados por el Gobierno regional para ofrecer soluciones concretas a los afectados.
Entre las herramientas destacadas figura el servicio 112 Ocupación, operativo desde junio de 2022, que centraliza todos los recursos autonómicos disponibles frente a la ocupación: asistencia jurídica, coordinación con fuerzas de seguridad, intervención de servicios sociales y apoyo psicológico. Desde su puesta en marcha, ha atendido 4.194 llamadas y ha conseguido evitar o revertir 44 intentos de ocupación, gracias a su capacidad de respuesta inmediata.
Refuerzo jurídico y apoyo psicológico para las víctimas
El Ejecutivo madrileño ha anunciado además la creación de un nuevo espacio especializado dentro del servicio 112 Ocupación, que ofrecerá asesoramiento legal inmediato a los abogados de los afectados, con la colaboración de los colegios de abogados y procuradores. Asimismo, estos profesionales contarán con representación procesal directa y las víctimas dispondrán de atención psicológica a través de la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD).
