La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración registrada por Vox para este martes frente al centro de primera acogida de Hortaleza, alegando “riesgo elevado de alteración del orden público” y la posibilidad de incurrir en un “delito de odio”. La decisión se produce apenas dos días después de que una niña de 14 años denunciara haber sido violada por un menor inmigrante tutelado, y tras la agresión sufrida por varios jóvenes migrantes en las inmediaciones del mismo centro.
El caso, aún en investigación judicial, ha trascendido rápidamente del ámbito penal al político, convirtiéndose en un nuevo campo de batalla entre Gobierno, oposición y partidos de distinto signo.
Delegación del Gobierno: proteger a los menores frente al hostigamiento
En su resolución, la Delegación del Gobierno subrayó que las inmediaciones del centro constituyen el “domicilio habitual de los menores”, por lo que permitir un acto de protesta en ese lugar podría vulnerar su derecho a la intimidad y a un entorno seguro. La legislación ampara la prohibición de concentraciones cuando existen indicios de que puedan derivar en delito o en alteraciones graves del orden público.
Desde Vox replicaron que no se trataba de una concentración, sino de una “declaración a medios” de la diputada Rocío de Meer bajo el lema “Vecino: exige seguridad”. El partido señaló que no asumirá responsabilidad si vecinos deciden acudir igualmente.
El PP evita la confrontación directa
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, optó por la cautela. En rueda de prensa afirmó que “cada uno se manifiesta por lo que considera oportuno”, siempre dentro de la legalidad y las normas de seguridad. Rechazó entrar en una valoración de la estrategia de Vox y se limitó a insistir en que, en democracia, todas las formaciones tienen derecho a concentrarse dentro de los límites establecidos.
Alegría acusa al PP de “blanquear” a Vox
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fue más dura. Denunció que desde la Comunidad de Madrid se haya planteado la repatriación de 37 menores migrantes, incluido el presunto agresor, y reprochó al PP que “haga suyo el discurso de Vox”.
Alegría recordó que en 2024 se registraron 256 violaciones en la Comunidad de Madrid, y criticó que se señale únicamente un caso por la nacionalidad del acusado. “A la ultraderecha se le combate con datos y con información veraz, no blanqueándola como hace el PP”, afirmó.
Más allá del debate político: la seguridad y las víctimas
La conmoción en Hortaleza no se debe solo a la denuncia de la violación, sino también a la agresión posterior contra menores migrantes, lo que refleja un clima de tensión creciente en el distrito. Entre los vecinos se repite una sensación de inseguridad e indefensión que no termina de resolverse con las medidas actuales.
Mientras los partidos cruzan acusaciones sobre inmigración, manifestaciones y discursos de odio, lo que queda en segundo plano es la realidad de las víctimas: una menor que ha denunciado una agresión sexual, mujeres que reclaman mayor protección frente a la violencia y ciudadanos que exigen soluciones efectivas para garantizar su seguridad.
Las formaciones políticas hacen bandera de la defensa de las mujeres y la ciudadanía, pero el caso de Hortaleza ha puesto de relieve que, más allá de los discursos, siguen faltando medidas concretas para prevenir agresiones y garantizar entornos seguros, tanto para las víctimas como para los propios menores tutelados.
