La Comunidad de Madrid ha salido al paso de las críticas surgidas tras la publicación por parte del diario El País de un borrador de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), que incluiría un nuevo régimen sancionador con multas de hasta un millón de euros por determinadas acciones en los campus universitarios. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la información de “noticia falsa” y ha insistido en que la norma no busca restringir derechos, sino protegerlos y garantizar la convivencia.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha respaldado la posición del Gobierno regional y ha defendido que el régimen sancionador previsto en el borrador “no contraviene ninguna normativa estatal” y se enmarca dentro de la Ley de Convivencia Universitaria aprobada por el Gobierno de España en 2022. Según Viciana, las sanciones contempladas pretenden dotar de herramientas legales a las universidades para defender su autonomía y garantizar que los derechos fundamentales se puedan ejercer “libremente y sin coacción”.
¿Qué sanciona la futura ley?
El borrador de la LESUC prevé sanciones para actos como:
-
Escraches o protestas no autorizadas que impidan otras manifestaciones legales en el campus (multas de entre 15.000 y 100.000 euros).
-
Colocación no autorizada de pancartas o símbolos, o la retirada de los legalmente instalados (entre 300 y 15.000 euros).
-
Ocupaciones de espacios universitarios, así como impedir el acceso a instalaciones (multas graves).
-
Impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de la universidad.
-
Falta de garantía de pluralidad o libertad de cátedra, así como prácticas de censura o discriminación (multas de hasta 1.000.000 de euros).
Viciana ha insistido en que “no se sanciona la libertad de expresión ni la protesta pacífica, sino actos que vulneran los derechos de terceros, generan violencia o impiden el normal funcionamiento académico”.
Advertencia del Gobierno central
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha expresado su preocupación ante lo que considera posibles invasiones de competencias estatales por parte del borrador autonómico. Aunque el texto aún no se ha hecho público oficialmente, fuentes del Ministerio han indicado que, una vez se difunda, los servicios jurídicos analizarán con detalle su contenido para determinar si respeta la autonomía universitaria consagrada en la Constitución.
Un debate abierto
Las explicaciones del Ejecutivo madrileño no han calmado las aguas en el ámbito universitario. Sindicatos como CCOO han calificado el régimen sancionador de "deriva trumpista", y algunas organizaciones estudiantiles han denunciado un intento de criminalizar la protesta y restringir el derecho de reunión.
Mientras tanto, desde el Gobierno regional se insiste en que se trata de una herramienta jurídica para preservar el orden, la legalidad y el respeto institucional dentro de las universidades públicas y privadas de la región, y que en ningún caso se busca censurar el pensamiento crítico o las movilizaciones democráticas.
La tramitación parlamentaria de la LESUC aún no ha comenzado, y el texto sigue en fase de revisión y diálogo con los rectores. El debate promete seguir encendido en las próximas semanas, mientras se aclaran los términos definitivos de una ley que pretende marcar un antes y un después en la gestión universitaria madrileña.
