El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), elaborado por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y adelantado por El País, ha desatado una fuerte controversia tras la filtración de su régimen sancionador. El texto contempla multas que oscilan entre los 300 euros y el millón de euros por diversas infracciones cometidas en el ámbito universitario. La presidenta regional ha desmentido categóricamente las acusaciones de que la norma pretenda coartar la libertad de expresión o criminalizar la protesta estudiantil.
Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de sancionar con entre 15.000 y 100.000 euros actos como manifestaciones no autorizadas que interfieran con otras convocatorias, o la ocupación y bloqueo de instalaciones universitarias. Además, el borrador prevé multas de hasta 15.000 euros por colocar pancartas sin autorización o retirar simbología institucional, así como sanciones que pueden alcanzar el millón de euros por vulnerar gravemente la pluralidad, la libertad de expresión o la acción de las Fuerzas de Seguridad dentro del campus.
Críticas desde el ámbito universitario
Sectores estudiantiles y docentes han expresado su preocupación por lo que consideran un intento de limitar el derecho a la protesta pacífica, mientras que organizaciones en defensa de la universidad pública advierten del riesgo de generar un “clima de intimidación” en los campus.
Además, se teme que la ley pueda sentar un precedente en el control de la autonomía universitaria y condicionar la libertad de cátedra, afectando a la independencia institucional que históricamente ha caracterizado a las universidades públicas.
La Comunidad de Madrid niega los extremos
Desde la Consejería de Educación, que dirige Emilio Viciana, se ha acusado a los medios de “manipulación hasta la falsedad” y aseguran que el régimen sancionador no es nuevo, sino que fue presentado públicamente en 2024. Afirman también que el texto está alineado con la Ley estatal de Convivencia Universitaria de 2022 y que su objetivo no es recortar derechos, sino garantizar la convivencia y evitar situaciones de censura o violencia en el entorno universitario.
“La ley no vulnera derechos, los protege”, insisten, defendiendo que se pretende dotar a las universidades de herramientas jurídicas para preservar su autonomía con garantías frente a abusos o ilegalidades.
Contexto político y tensiones
La filtración del borrador coincide con un momento de tensión política a nivel nacional, y desde la Consejería se ha señalado que esta controversia podría estar siendo utilizada como cortina de humo para tapar noticias de mayor calado, como la entrada de la UCO en el domicilio del exministro José Luis Ábalos o la imputación del fiscal general.
En paralelo, acusan al Gobierno central de estar impulsando pactos con nacionalistas para controlar las universidades privadas y online, y sostienen que la LESUC es una defensa del sistema universitario madrileño frente a estos movimientos.
En resumen
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El borrador de la LESUC incluye un régimen sancionador inédito en la universidad madrileña, con sanciones que pueden llegar al millón de euros.
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La Comunidad de Madrid defiende que las medidas buscan proteger la convivencia, no limitar derechos.
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Estudiantes, profesores y sectores académicos temen una restricción de libertades fundamentales.
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El debate continúa abierto mientras se negocia el texto definitivo con los rectores de las universidades públicas.
La futura aprobación de la LESUC promete mantener la polémica viva en los próximos meses, en un momento donde la relación entre libertad, orden y autonomía universitaria vuelve al centro del debate público.
