Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, aseguró en una conversación grabada que había maniobrado ante la Fiscalía Anticorrupción para lograr que tanto Ábalos como Santos Cerdán –entonces secretario de Organización del PSOE– quedaran al margen de la investigación sobre contratos irregulares de material sanitario durante la pandemia. Así lo recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo, conocido este jueves.
Según dicho informe, la conversación tuvo lugar el 23 de noviembre de 2023 en una cafetería madrileña y fue grabada por el propio Koldo. En el audio, Koldo afirmó a Ábalos: “Ya se supone que van a archivar lo de la Fiscalía”, dando a entender que la intervención habría logrado frenar una posible imputación para ambos en el caso Delorme, más conocido como el caso Koldo.
Tensiones internas y amenazas veladas
Durante el encuentro, Koldo expresó su malestar con Cerdán, a quien acusó de “chivarse” en Navarra de que estaba siendo investigado. “O deja de hablar mal de ti o te juro por Dios que va a la puta calle”, afirmó refiriéndose al dirigente socialista, en lo que se interpreta como una amenaza velada por sus supuestas declaraciones.
La conversación evidencia no solo los intentos de manipular el curso de la investigación, sino también las fracturas internas en el PSOE provocadas por el escándalo, que ha acabado con la dimisión de Cerdán de todos sus cargos esta misma semana.
Pagos encubiertos y red de empresas
Otro de los puntos clave de la grabación apunta a pagos mensuales ocultos. Koldo mencionó el cese de una supuesta pensión encubierta de 700 euros que el empresario José Ruz abonaba al exministro Ábalos. Las autoridades investigan si estos fondos procedían de la empresa LIC a través del empresario Juan Carlos Etero, con ingresos netos que, según las nóminas analizadas, alcanzarían los 2.600 euros mensuales.
La trama tiene su epicentro en la empresa Soluciones de Gestión, cuyo presidente, Víctor de Aldama, habría obtenido 6,7 millones de euros en comisiones por contratos amañados. Parte de estos fondos fueron presuntamente transferidos a través de sociedades instrumentales en Portugal, según las últimas investigaciones.
Delitos bajo la lupa de la Audiencia Nacional
El caso, que estalló en febrero de 2024, ha generado un amplio sumario en la Audiencia Nacional e involucra delitos de malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y fraude fiscal, en el marco de contratos adjudicados bajo el estado de alarma de 2020.
La magnitud del caso y su vinculación con fondos europeos del Plan de Recuperación ha despertado también el interés de la Fiscalía Europea, que podría intervenir si se acreditara el uso fraudulento de recursos comunitarios, como ya ha ocurrido en otras investigaciones abiertas en España.
