La excarcelación parcial de José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, exjefe del aparato militar de ETA y único condenado por el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, ha generado una intensa polémica. Tras cumplir parte de su condena en prisión, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado su paso al tercer grado, también conocido como régimen de semilibertad, lo que le permite salir durante el día y regresar al centro penitenciario para dormir.
Condenado a más de 400 años de cárcel por su responsabilidad en diversos atentados, entre ellos los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Kantauri había sido considerado uno de los principales responsables de la etapa más sangrienta de la banda terrorista. Fue detenido en Francia en 1999 y posteriormente extraditado a España, donde ha estado encarcelado desde entonces.
La decisión penitenciaria, avalada por informes favorables que no se han hecho públicos en su totalidad, ha desatado fuertes reacciones por parte de asociaciones de víctimas del terrorismo, partidos políticos de la oposición y sectores sociales, que consideran inaceptable que un condenado por crímenes de tal gravedad goce de beneficios penitenciarios sin mostrar arrepentimiento ni colaborar con la justicia.
Entre las críticas más destacadas figura la del Partido Popular, que ha calificado la medida como “una traición a la memoria de las víctimas” y ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de ceder ante los acuerdos políticos con EH Bildu. Desde Moncloa, sin embargo, se remiten a la legalidad vigente y al criterio técnico de Instituciones Penitenciarias, que evalúa caso por caso en función del cumplimiento de los requisitos legales.
La familia de Miguel Ángel Blanco y la Fundación que lleva su nombre han manifestado su “profundo dolor e indignación”, considerando que esta decisión revictimiza a quienes han sufrido el terrorismo de ETA. Recuerdan que Kantauri jamás ha colaborado para esclarecer otros atentados ni ha pedido perdón a las víctimas.
Por su parte, fuentes penitenciarias señalan que Kantauri se encuentra en una fase avanzada de cumplimiento de condena, sin sanciones disciplinarias recientes, lo que permite legalmente la progresión al tercer grado. Este régimen, contemplado en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, es susceptible de revisión judicial si se presenta recurso por parte del Ministerio Fiscal o la acusación particular.
El caso vuelve a colocar en el foco la política penitenciaria del Gobierno en relación con los presos de ETA, una cuestión especialmente delicada en el contexto político actual y que ha reavivado el debate sobre la memoria, la justicia y la dignidad de las víctimas del terrorismo.
