El plan estatal contra la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido críticas generalizadas por parte de las principales asociaciones de jueces, que coinciden en calificar muchas de sus propuestas como superficiales, redundantes o carentes de eficacia real sin un refuerzo estructural de la justicia.
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, ha sido tajante al definir el paquete como “maquillaje”. Según ha declarado, sin más medios para las fuerzas de seguridad y la judicatura, y sin cumplimiento efectivo de las penas, el impacto será mínimo. Además, ha recordado que de poco sirve endurecer el Código Penal si se indultan o amnistían delitos de malversación, como ha ocurrido con figuras del procés.
Por su parte, la Asociación Francisco de Vitoria, a través de su portavoz Sergio Oliva, ha recalcado que la sobrecarga actual en los juzgados hace inviable otorgar nuevas prioridades. A ello se suma que, según Oliva, muchas medidas ya están en vigor, como la protección de denunciantes, el decomiso de bienes o la exclusión de empresas corruptas de la contratación pública.
En el plano técnico, ha valorado como “interesante” que se permita auditar algoritmos usados en contratación pública, pero ha advertido de que sin acceso al código fuente de las herramientas de inteligencia artificial, la transparencia será más formal que real.
Desde el Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo ha mostrado su preocupación por la creación de nuevos organismos sin competencias claras y ha puesto el foco en el traslado de las instrucciones penales desde los jueces a los fiscales. Según Portillo, esto puede generar dudas cuando los casos afectan directamente al Gobierno que nombra al fiscal general del Estado, pese a que reconoce el trabajo eficaz de la mayoría de fiscales.
Más conciliadora ha sido la valoración de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Su portavoz, Edmundo Rodríguez, cree que las medidas “pueden ser útiles”, pero precisan desarrollo normativo, medios y un debate riguroso. En su opinión, no basta con endurecer sanciones: hay que agilizar la instrucción de los casos, aumentar los plazos de investigación y dotar a los fiscales de equipos multidisciplinares con expertos en Hacienda, policía y tecnología.
Rodríguez ha propuesto además reforzar las sanciones económicas. No sólo debe recuperarse el importe de las “mordidas”, sino el total de la obra adjudicada, aunque haya sido ejecutada, para eliminar cualquier beneficio económico del delito. Asimismo, ha abogado por vetar a empresas condenadas para obtener contratos públicos o subvenciones.
Entre las medidas que JJpD valora positivamente figuran el control con inteligencia artificial en procesos de contratación, la comprobación fiscal de las denuncias por corrupción para evitar falsos positivos, y el modelo de adjudicación europeo como referente. Sin embargo, han criticado la falta de regulación en el nombramiento de asesores políticos, cuya laxitud ya ha derivado en casos judicializados.
En resumen, la comunidad judicial coincide en que el plan anticorrupción necesita más que una declaración de intenciones: exige estructura, independencia, recursos técnicos y voluntad de cumplimiento. De lo contrario, alertan, las promesas pueden convertirse en una operación cosmética sin impacto real en la lucha contra la corrupción política e institucional en España.
