Sanidad

CSIF denuncia que Sanidad amortiza plazas médicas para mejorar sueldos de personal de libre designación

El sindicato alerta de la pérdida de calidad en el servicio y exige frenar una estrategia que reduce plantillas críticas en inspección sanitaria y salud pública

Sanidad - Foto Freepik
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo una amortización de plazas vacantes de médicos inspectores y técnicos superiores sanitarios con el objetivo de mejorar las retribuciones del personal de libre designación en órganos directivos. La organización sindical considera esta práctica injustificable y perjudicial para la calidad de los servicios públicos sanitarios.

Según la denuncia del sindicato, en los últimos años la Consejería ha incluido en sus ofertas públicas de empleo un total de 94 plazas correspondientes a personal médico no asistencial: 53 del cuerpo de técnicos superiores de salud pública (especialidad en medicina y cirugía) y 41 del cuerpo superior de inspección sanitaria (escala de médicos de inspección sanitaria). Sin embargo, solo se han cubierto 24, un dato que evidencia —según CSIF— una estrategia deliberada de infraejecución.

Aprobados limitados por decisión política

Desde CSIF aseguran que el bajo porcentaje de aprobados (26 % en medicina y cirugía y 24 % en inspección sanitaria) no puede considerarse una coincidencia, sino el resultado de instrucciones internas dadas por la Administración a los tribunales calificadores. Esta política de limitar la entrada de nuevos profesionales, sostiene el sindicato, permite justificar posteriormente la amortización de las plazas no cubiertas y destinar esos fondos a mejorar retribuciones de cargos designados a dedo, en lugar de reforzar los equipos técnicos.

Una estrategia incoherente con los compromisos públicos

Uno de los aspectos más graves, según CSIF, es que la Dirección General de Salud Pública ha amortizado ya cinco plazas de medicina y cirugía para financiar complementos salariales del personal directivo, entre ellos epidemiólogos encargados de la vigilancia sanitaria. Además, la Consejería planea amortizar todas las plazas de médico de inspección sanitaria no cubiertas en la última oposición —un total de 31— para mejorar hasta 90 puestos de libre designación en la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria.

Esta decisión, señala el sindicato, contradice el compromiso adquirido por la Comunidad de Madrid con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en el marco de un convenio para reforzar el control de las bajas por incapacidad temporal (IT). Reducir a la mitad el número de médicos inspectores que gestionan estas bajas compromete directamente ese compromiso institucional.

Impacto en los servicios públicos

CSIF advierte que la falta de personal sanitario en estos cuerpos ya está generando disfunciones graves en la atención a la ciudadanía. La plantilla actual se ve obligada a asumir una carga de trabajo muy por encima de lo razonable, lo que repercute negativamente en la calidad y rapidez del servicio, especialmente en ámbitos tan sensibles como la inspección médica, el control epidemiológico o la tramitación de bajas laborales.

La amortización de plazas no debe utilizarse para beneficiar a unos pocos a costa del deterioro del servicio público”, ha asegurado un portavoz de CSIF, que exige que cualquier mejora retributiva del personal de dirección se financie mediante créditos extraordinarios, y no con la eliminación de plazas estructurales.

Exigencias sindicales

Ante esta situación, CSIF ha reclamado a la Consejería de Sanidad que:

  • Cese inmediatamente la amortización de plazas sanitarias vacantes.

  • Implemente mecanismos de cobertura urgente mediante personal interino para evitar disfunciones en los servicios.

  • Garantice la transparencia en los procesos selectivos y permita la cobertura real de todas las plazas ofertadas.

  • Respete el principio de que los incrementos salariales del personal directivo no deben condicionar el funcionamiento del sistema público de salud.

El sindicato advierte de que, de continuar esta tendencia, se planteará acciones institucionales y judiciales para frenar lo que consideran un grave retroceso en la calidad del servicio sanitario madrileño y en las condiciones laborales de los profesionales públicos.