Las asociaciones de jueces Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado conjunto manifestando su preocupación por la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que busca garantizar y proteger los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Ambas entidades consideran que la propuesta, aunque aún en fase inicial, podría tener graves consecuencias para el Estado de Derecho en España.
El derecho a la acción popular, en peligro
La acción popular, recogida en el artículo 125 de la Constitución, permite a los ciudadanos presentar acusaciones penales independientes del Ministerio Fiscal o de las víctimas. Según el comunicado, limitar este derecho podría abrir la puerta a espacios de impunidad, especialmente en un contexto donde el Ministerio Fiscal carece de independencia respecto al poder ejecutivo.
“La restricción del ejercicio de la acción popular supone el riesgo de que determinados hechos escapen del conocimiento de los tribunales”, afirman las asociaciones, que alertan de las posibles implicaciones para la transparencia y la vigilancia del poder público.
Preocupación por la instrumentalización del Ministerio Fiscal
En el comunicado, las asociaciones recuerdan su oposición al traspaso de la instrucción penal al Ministerio Fiscal, dado su vínculo con el poder ejecutivo. Este aspecto, junto con la limitación de la acción popular, podría ser aprovechado por gobiernos de cualquier signo para eludir el control judicial.
Riesgos para la independencia judicial y el Estado de Derecho
Las asociaciones también rechazan la exclusión de las asociaciones profesionales de jueces de la acción popular, lo que consideran “una limitación injustificada” de su papel en la defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho, respaldado por el Dictamen n.º 23 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa.
Asimismo, cuestionan la ampliación de los motivos de abstención de jueces y magistrados, que podría coartar la libertad de expresión de los mismos. En este sentido, proponen una reforma urgente del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar su independencia.
Medidas alternativas a la “pena de banquillo”
En cuanto al objetivo declarado de la Proposición de Ley de reducir el estigma social de las personas investigadas y evitar abusos procesales, las asociaciones destacan que el ordenamiento jurídico ya dispone de mecanismos para sancionar denuncias falsas y querellas infundadas. Proponen, en cambio, dotar a los órganos judiciales de recursos suficientes para agilizar los procedimientos penales.
Un llamamiento a la unidad judicial
El comunicado también destaca la postura unánime de las cuatro principales asociaciones judiciales en contra de la propuesta. En aras de la unidad y el impacto que esta reforma podría tener en la carrera judicial y la sociedad, las asociaciones han solicitado reuniones urgentes con los portavoces de justicia de los diferentes grupos parlamentarios.
Advertencia a la ciudadanía
Por último, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente subrayan la importancia de la acción popular como garantía constitucional de acceso a la justicia y control judicial. Alertan sobre las “graves consecuencias” que la aprobación de esta ley podría tener para los derechos fundamentales y la separación de poderes.
Este debate se suma a las crecientes tensiones sobre el papel de la justicia en España, destacando la necesidad de un análisis riguroso y equilibrado de las reformas propuestas para garantizar que no se comprometa la confianza en el sistema judicial.
