El impuesto especial sobre plásticos no reutilizables, implantado por el Gobierno en enero de 2023, ha tenido un efecto devastador sobre la industria española del fleje, especialmente sobre los fabricantes de productos como el polipropileno y el poliéster. Este tributo, que grava con 450 euros por tonelada los polímeros vírgenes, ha encarecido un 20% el precio del producto final, provocando la desaparición del 60% de las empresas del sector.
De las diez compañías productoras de fleje que existían en España a comienzos de este siglo, solo sobreviven cuatro, todas ellas en Cataluña: Plasticband, Comosa, Sorsa y Cyklop. El resto ha tenido que cesar su actividad al no poder repercutir los costes derivados del impuesto en un mercado altamente competitivo, donde el precio es un factor determinante.
El impacto económico es doble. Por un lado, los fabricantes nacionales ven cómo sus costes se disparan, mientras que por otro lado la entrada de fleje más barato desde países sin esa carga impositiva, como Portugal o Turquía, ha crecido sin control. Según datos de la Unión de Fabricantes de Fleje (UFF), ya han entrado más de 4.000 toneladas de fleje de forma irregular desde el extranjero, muchas veces con certificaciones falsas o sin cumplir estándares medioambientales básicos.
En palabras de Jordi Guimet, portavoz de la UFF, este impuesto, lejos de fomentar la sostenibilidad, “tiene un afán puramente recaudatorio y nos convierte en agentes fiscales del Estado sin capacidad de competir en igualdad de condiciones con productos no regulados”.
Además, desde la UFF se denuncia que los fondos recaudados no tienen un destino finalista ligado a la sostenibilidad, sino que se integran en los presupuestos generales del Estado. Guimet apunta que parte de esos recursos podrían incluso estar siendo objeto de desvíos en casos de corrupción recientemente conocidos.
Raúl Mañes, de la empresa Comosa, señala que “España ha perdido más de la mitad de su industria del fleje en lo que va de siglo”, mientras que Javier Santos, de Cyklop, denuncia que “la producción ha caído en picado porque las empresas clientes han optado por comprar en países donde el fleje no está penalizado”.
Por su parte, Marc Rojas, de Sorsa, lamenta que “se ha destruido una industria preparada para la economía circular sin obtener mejora ambiental alguna”, ya que los productos importados no son 100% reciclables y carecen de sellos reconocidos como RecyClass o AENOR.
La Unión de Fabricantes de Fleje ha iniciado una campaña de presión institucional para exigir la derogación del impuesto o, en su defecto, la implantación de controles que impidan la competencia desleal. También reclaman que las importaciones cumplan los mismos criterios técnicos, sanitarios y medioambientales que se exige al producto nacional.
En resumen, el desequilibrio provocado por el impuesto del plástico, sumado a la falta de control de productos foráneos, está provocando el colapso de un sector estratégico, con consecuencias para el empleo, la sostenibilidad y la competitividad industrial de España.
