El presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, ha analizado este viernes la proposición de ley presentada por el PSOE para hacer frente a las "acciones judiciales abusivas", destacando que introduce restricciones que podrían vaciar de contenido figuras clave del sistema judicial, como la acción popular, y podría abrir la puerta a limitaciones de derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
Portillo calificó la propuesta de "excesivamente restrictiva" en lo que respecta a la acción popular, una herramienta prevista en la Constitución para permitir a los ciudadanos participar en la persecución de delitos. Según el presidente del Foro Judicial Independiente, las limitaciones propuestas por el PSOE convertirían esta figura en "prácticamente inútil".
Críticas a la regulación de la acción popular
Portillo señaló que, aunque es acertado limitar el uso de la acción popular por partidos políticos y entidades vinculadas, dado el uso partidista que se ha hecho en algunos casos, la reforma propuesta va más allá, restringiendo la capacidad de participación a ciudadanos individuales con recursos económicos suficientes para costear los gastos asociados. "Esto excluye de facto a una parte importante de la ciudadanía, convirtiendo el ejercicio de la acción popular en algo elitista", afirmó.
Además, criticó que la propuesta limite las actuaciones de quienes ejerzan esta figura, al impedirles solicitar diligencias durante la instrucción o intervenir plenamente en los procedimientos. "Esto deja la acción penal prácticamente en manos de la Fiscalía, lo cual desvirtúa el espíritu de la Constitución", añadió.
Recusación de jueces y la libertad de expresión
En cuanto a la posibilidad de recusar jueces por declaraciones públicas de contenido político, Portillo alertó de que podría entrar en conflicto con derechos fundamentales. Aunque reconoció que actualmente ya existen mecanismos para apartar a jueces que puedan generar dudas sobre su imparcialidad, subrayó que "la inclusión de esta causa específica podría interpretarse de forma amplia, afectando a la libertad de expresión de los magistrados".
Portillo insistió en que cualquier reforma de este tipo debe respetar los derechos fundamentales y evitar interpretaciones que los restrinjan. "La libertad de expresión de los jueces, como la de cualquier ciudadano, debe ser protegida. Las medidas propuestas no pueden dar pie a un uso arbitrario que termine afectando a este derecho", señaló.
Querellas basadas en recortes de prensa
Sobre la inadmisión de querellas basadas únicamente en recortes de prensa, Portillo explicó que esto ya es doctrina del Tribunal Supremo y que su inclusión en la ley no supone un cambio sustancial. Sin embargo, cuestionó si la reforma responde a criterios técnicos o a intereses políticos. "No parece ético que un partido político impulse reformas legales que puedan afectar a procesos judiciales en curso que le conciernen directamente", añadió.
Un enfoque que genera dudas éticas
Portillo fue especialmente crítico con lo que consideró un trasfondo político en la propuesta. "Esta reforma parece diseñada para casos específicos que afectan al partido que la impulsa. Aunque jurídicamente sea posible, no es ético legislar con nombres y apellidos", afirmó.
Por último, Portillo advirtió que las reformas procesales y penales deben surgir de un estudio técnico, con amplio consenso político y alejadas de intereses partidistas. "De lo contrario, no solo no mejoramos nuestra democracia, sino que la debilitamos", concluyó.
