El Congreso de los Diputados ha abierto oficialmente este 15 de mayo el plazo para la presentación de enmiendas a la Proposición de Ley que regulará la denominada Pasarela al RETA, un mecanismo legal esperado durante décadas por miles de profesionales acogidos a mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), especialmente entre la abogacía española.
La norma, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, pretende permitir a determinados mutualistas incorporarse voluntariamente al sistema público de pensiones, trasladando los derechos económicos acumulados en sus mutualidades. Sin embargo, el texto inicial ha sido recibido con preocupación por gran parte del colectivo afectado, que considera que excluye injustamente a buena parte de los damnificados.
Un sistema fallido que deja a miles sin pensión digna
El origen del conflicto se remonta a la década de los noventa, cuando el Estado permitió que los colegios profesionales mantuvieran sistemas de previsión alternativos a la Seguridad Social a través de mutualidades. Con el paso del tiempo, estas entidades —entre ellas la Mutualidad de la Abogacía— abandonaron el sistema de reparto para adoptar modelos de capitalización individual, sin garantía de prestación definida. El resultado ha sido devastador: muchos abogados y profesionales, tras más de 40 años de aportaciones, han descubierto que sus pensiones apenas alcanzan cuantías inferiores incluso a las no contributivas.
“El Estado no puede permitir que quienes han cotizado toda una vida se enfrenten a la vejez sin una pensión digna”, reclaman desde la Plataforma Pasarela al RETA, que reúne a afectados de toda España y que desde hace meses ha llevado a cabo concentraciones, contactos institucionales y movilizaciones sociales para dar visibilidad a esta situación.
Una Proposición de Ley con importantes limitaciones
Aunque la toma en consideración del texto el pasado 6 de mayo fue aprobada por 311 votos a favor y sin votos en contra, los colectivos afectados señalan múltiples carencias. El proyecto del PSOE limita el acceso a la pasarela solo a mutualistas activos que no perciban pensión ni hayan cumplido los requisitos para jubilarse en la Seguridad Social. Es decir, deja fuera a miles de afectados pasivos, beneficiarios, jubilados con pensiones ínfimas, e incluso a quienes han cotizado más de 15 años en otros regímenes públicos.
Además, establece que los años cotizados como mutualistas solo se reconocerán si las mutualidades acreditan fondos suficientes, aplicando siempre la base mínima de cotización y un coeficiente de conversión variable. Para los afectados, esto supone una “discriminación inconstitucional” respecto al resto de trabajadores autónomos, al vulnerar los artículos 14, 41 y 50 de la Constitución Española sobre igualdad, protección social y suficiencia económica en la jubilación.
La alternativa: una enmienda para todos los afectados
En respuesta, la Plataforma ha presentado una enmienda unificada, mucho más ambiciosa e inclusiva, que permitiría el acceso a la pasarela a todos los profesionales que hayan cotizado en alguna mutualidad como alternativa al RETA, estén activos o ya jubilados, con independencia de su situación actual. Propone el reconocimiento íntegro de los periodos cotizados, el cálculo de las bases conforme a las aportaciones realizadas, y la posibilidad de integración sin exclusiones arbitrarias.
Además, la enmienda contempla la posibilidad de transferir los fondos mutualistas a la Tesorería General de la Seguridad Social, incluyendo tanto aportaciones obligatorias como complementarias, y propone que este traspaso esté exento de tributación. También establece mecanismos de devolución flexible para los mutualistas pasivos que deseen acogerse a esta integración.
El reloj corre: las próximas semanas serán clave
El plazo de enmiendas estará abierto durante los próximos días y será decisivo para configurar el texto definitivo. Los colectivos de afectados piden a todos los grupos parlamentarios que “atiendan al clamor de justicia” de más de 100.000 profesionales que ven amenazado su derecho a una jubilación digna. La tramitación parlamentaria continuará previsiblemente en junio, pero el debate social ya está en la calle.
“Solo pedimos igualdad, no privilegios”, afirman desde la Plataforma. “Queremos que se nos reconozcan nuestros años de trabajo y nuestras aportaciones. Y queremos que el sistema público no nos dé la espalda cuando más lo necesitamos”.
