El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, presentado por el Ejecutivo central, ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y las comunidades autónomas. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió que la cofinanciación autonómica del 40% no es “descabellada” y recordó que la competencia en materia de vivienda recae en los gobiernos regionales. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha rechazado con firmeza la medida, acusando al Ejecutivo de imponer un plan que “no aporta nada nuevo ni bueno”.
El plan prevé una inversión total de 7.000 millones de euros, triplicando la del plan anterior. De esta cantidad, el Estado financiará un 60%, mientras que las autonomías deberán asumir el 40% restante, frente al 25% que aportaban en anteriores programas.
Argumentos del Gobierno
La ministra Rodríguez justificó la exigencia de mayor esfuerzo financiero a las comunidades por lo que calificó como una “anomalía”, ya que hasta ahora el Estado actuaba como “caja pagadora” en un ámbito de competencias autonómicas. Asimismo, pidió a los gobiernos regionales “no ir al dictado del PP y Feijóo, sino al de la ciudadanía”, recordando que el acceso a la vivienda es una de las principales demandas sociales.
Rodríguez destacó que, en el caso de Madrid, el esfuerzo extra supondría 75 millones de euros anuales dentro de un presupuesto regional de 28.600 millones, una aportación que, según la ministra, está al alcance de la comunidad.
Rechazo de la Comunidad de Madrid
Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, rechazó frontalmente la medida, acusando al Ejecutivo de “meter la mano en los bolsillos de las autonomías”. En declaraciones tras la Conferencia Sectorial de Vivienda, aseguró que la propuesta “no aporta nada nuevo ni nada bueno” y recordó que Madrid ya cuenta con la protección permanente de las viviendas de promoción pública, uno de los puntos que plantea el nuevo plan.
La Comunidad de Madrid será una de las más beneficiadas en términos de financiación: recibirá 1.113 millones de euros con el Plan 2026-2030, frente a los 298,3 millones del anterior, lo que supone un 373% más. No obstante, este incremento implica una mayor carga económica para el Ejecutivo autonómico.
Un plan en disputa política
El PP ha denunciado que la exigencia rompe el principio de igualdad de los españoles y la autonomía de las comunidades, mientras que desde el Gobierno central se insiste en que el objetivo es garantizar más inversión y corresponsabilidad en materia de vivienda.
La disputa refleja el choque político entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades gobernadas por el PP, especialmente Madrid, en un terreno tan sensible como la vivienda, convertido en uno de los principales ejes de debate de la legislatura.
