La paciencia de los procuradores mutualistas ha llegado a su límite. El próximo 27 de septiembre, miles de profesionales —entre ellos procuradores, abogados, arquitectos, aparejadores, químicos e ingenieros— se manifestarán en Madrid para reclamar pensiones dignas y la aprobación inmediata de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
La protesta comenzará a las 11:30 horas en Plaza de España, recorrerá la Gran Vía, Alcalá, Cibeles y Neptuno, y concluirá frente al Congreso de los Diputados, donde esperan una respuesta política tras el cierre del plazo de enmiendas parlamentarias.
Una injusticia histórica
Durante décadas, los procuradores estuvieron obligados a cotizar en mutualidades privadas, sin posibilidad de acceder al sistema público de pensiones, incluso después de que la ley lo permitiera desde 1995. No fue hasta 2001 cuando se levantó esa restricción para el colectivo, pero con cinco años de retraso.
Quienes se incorporaron al RETA no pudieron computar los años cotizados en las mutualidades, perdiendo lo ya aportado y empezando de cero en la Seguridad Social. Por otro lado, quienes permanecieron en el sistema mutualista se enfrentan hoy a pensiones de apenas 400 euros al mes, tras una vida de trabajo.
Según denuncian, los consejos directivos de las mutualidades ocultaron la inviabilidad del modelo, condenando a miles de profesionales a una jubilación precaria.
Cotizan como autónomos, cobran como marginados
En la actualidad, los mutualistas pagan entre 296 y 472 euros mensuales, pero gran parte de estas cuotas no se destina a su fondo de jubilación, sino a gastos internos y seguros impuestos sin transparencia.
La situación se agrava en el caso de las mujeres. Las procuradoras mutualistas perciben pensiones aún más bajas, ya que la mutualidad aplica tablas actuariales que penalizan su mayor esperanza de vida.
“No queremos limosnas, queremos justicia”
Los mutualistas reclaman que se les reconozca lo que ya han cotizado. Proponen que sus propios fondos patrimoniales financien la pasarela al RETA, evitando así que el Estado asuma el coste. Piden simplemente igualdad de trato con el resto de los autónomos y que se les devuelvan los años perdidos.
Además, recuerdan que, a lo largo de su carrera, han contribuido a la Seguridad Social con sus impuestos y han prestado servicio público en el Turno de Oficio, sin que el Estado haya cotizado por ellos. Muchos se definen como “los riders de la Justicia”, sosteniendo el sistema sin ser reconocidos ni protegidos.
Su mensaje es claro: “No queremos limosnas. Queremos justicia. Queremos llevarnos lo nuestro y que se nos trate con dignidad”.
Una manifestación que busca respuesta política
Los organizadores esperan que la marcha del 27S marque un punto de inflexión en una lucha que lleva años estancada. La meta: conseguir que el Congreso apruebe de manera urgente la pasarela al RETA, permitiendo a los afectados acceder a pensiones justas y acordes con una vida de trabajo.
