El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, aseguró que la iniciativa “mete la mano en los bolsillos de las autonomías” al exigirles una aportación del 40 % para financiar las medidas incluidas en el plan.
La Comunidad de Madrid denuncia falta de consenso en el Plan Estatal
Tras la Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada este jueves, García Martín compareció en sustitución del consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, de baja por enfermedad. En su intervención, denunció que el plan “no aporta nada nuevo ni nada bueno” y criticó que no haya sido negociado previamente con los gobiernos autonómicos.
“El Gobierno central, que no es capaz de presentar sus propios presupuestos, pretende ahora condicionar los presupuestos de las autonomías”, afirmó el portavoz. Además, reiteró la petición de la Comunidad de Madrid de derogar la actual Ley de Vivienda, que, según señaló, ha generado inseguridad en el sector inmobiliario y frena la inversión en el mercado de alquiler.
Madrid defiende su propio modelo de vivienda pública
El portavoz recordó que la región ya cuenta con la protección permanente de las viviendas de promoción pública, una de las medidas que el Gobierno de España incluye como novedad en su Plan Estatal. Para el Ejecutivo autonómico, este tipo de propuestas demuestran la desconexión del Ministerio con las políticas que ya están en marcha en diferentes comunidades.
Canarias y Baleares también critican la falta de consenso
El debate sobre el Plan Estatal de Vivienda no solo ha generado discrepancias con Madrid. Desde Baleares, el consejero José Luis Mateo cuestionó que se impulse un plan de cinco años sin tener presupuestos generales aprobados y lamentó el escaso tiempo —del 17 de septiembre al 7 de octubre— para presentar alegaciones.
Más conciliador se mostró el consejero de Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez, aunque coincidió en señalar la falta de consenso y el escaso margen de tiempo para valorar las medidas. Rodríguez propuso además utilizar remanentes fiscales de manera extraordinaria para compensar la finalización de los fondos europeos y reforzar así la construcción de vivienda en las islas.
Un debate abierto sobre competencias y financiación
La polémica en torno al Plan Estatal de Vivienda reabre el debate sobre el papel de las comunidades autónomas en materia de vivienda, una competencia exclusiva que, según los gobiernos regionales, debería ejercerse sin imposiciones económicas desde la Administración central.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid mantiene su postura de oposición al plan, defendiendo que sus políticas propias en materia de vivienda ya garantizan protección y acceso a los ciudadanos, sin necesidad de nuevas cargas presupuestarias.
