Renfe ha presentado un requerimiento judicial contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) por el impago de 47.141.915,16 euros, una deuda derivada del convenio que regula el uso del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid. El conflicto, que supone un incumplimiento contractual grave, podría elevar la cantidad adeudada hasta casi 100 millones de euros a final de año si la Comunidad de Madrid continúa sin abonar las mensualidades pendientes.
El convenio, firmado en septiembre de 2024 y prorrogado en diciembre del mismo año, establece que el CRTM debe compensar a Renfe por el uso del Abono Transporte en Cercanías, así como por la recarga de estos títulos en instalaciones gestionadas por la operadora pública. Renfe remarca que esta obligación existe desde la integración tarifaria del servicio en el CRTM.
Facturas sin pagar y un impago que fuerza endeudamiento adicional
Renfe detalla que ha presentado facturas correspondientes a julio (15,2 millones), agosto (11,9 millones) y septiembre de 2025 (19,8 millones), además de otras ligadas a las comisiones por recarga de abonos. Ninguna ha sido abonada, pese a que el CRTM no ha cuestionado ni su validez ni los importes.
Este retraso, sostiene la operadora, está provocando perjuicios financieros y obligándola a asumir endeudamiento adicional para suplir el impago, algo que califica como una situación insostenible para un servicio público esencial como Cercanías.
Renfe acusa al Ejecutivo madrileño de manipular datos sobre incidencias
Además del impago, Renfe rechaza las afirmaciones de la Comunidad de Madrid sobre las incidencias del servicio y denuncia una “manipulación de datos” con fines políticos. La empresa pública acusa al Ejecutivo regional de difundir cifras falsas, admitir que no dispone de información real y ocultar incidencias de otros operadores como Metro, EMT o servicios interurbanos.
Renfe recuerda que las incidencias de Cercanías se publican en tiempo real y se recogen mensualmente en el Portal de Transparencia, subrayando que la Comunidad solo tiene competencias en el ámbito tarifario, precisamente la parte en la que —según denuncia— no está cumpliendo sus obligaciones.
“Absoluta deslealtad institucional”
La compañía tacha la actitud del Gobierno regional de “deslealtad institucional”, acusándolo de intentar desprestigiar el servicio público de Cercanías y, por extensión, al Gobierno de España. Aun así, Renfe asegura que seguirá reforzando y mejorando el servicio, incluso —apunta— para compensar carencias de otros modos de transporte integrados en el sistema madrileño.
Mientras el conflicto avanza en los tribunales, Renfe insiste en que el CRTM está haciendo un uso partidista de un organismo destinado a coordinar y mejorar el transporte público y no a “alimentar la confrontación política”.
