El empresario Víctor de Aldama ha reconocido ante el Tribunal Supremo todos los delitos que le atribuye la Fiscalía en el denominado caso Koldo y ha solicitado formalmente una rebaja de la pena de prisión por su colaboración “proactiva” con Anticorrupción.
En el escrito de defensa presentado de cara al juicio, Aldama asume los delitos de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada y se declara autor de los mismos, un paso que se produce tras el acuerdo de colaboración que le permitió salir de prisión preventiva.
Colaboración clave con la Fiscalía
La Fiscalía solicita para él siete años de cárcel, una pena sensiblemente inferior a los 24 años reclamados para el exministro José Luis Ábalos y los 19 años y medio para su exasesor Koldo García. No obstante, Aldama pide que se le aplique una atenuante muy cualificada de confesión, lo que podría reducir su condena en hasta dos grados.
Según detalla su defensa, el empresario entregó documentación, pruebas y declaraciones judiciales que resultaron determinantes para avanzar en la investigación y para esclarecer el papel del resto de implicados en la trama.
Pagos a Ábalos y Koldo
Aldama asume el relato de la Fiscalía y reconoce haber realizado pagos al exministro y a su entonces asesor dentro de un acuerdo global de comisiones destinado a facilitar adjudicaciones públicas durante la pandemia.
En concreto, admite haber percibido 53 millones de euros en contratos de suministro de mascarillas, obteniendo una comisión cercana al 10%. De ese importe, asegura que dos millones de euros fueron entregados a Ábalos y 500.000 euros a Koldo García, cantidades que, según su versión, le fueron reclamadas directamente.
“Aprovechando su influencia sobre Koldo y Ábalos, garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió la adjudicación de contratos públicos”, reconoce el propio empresario en su escrito.
Desvinculación de Villafuel
Pese a la confesión global, Aldama intenta desligarse de la empresa Villafuel, afirmando que nunca formó parte de su estructura ni tuvo intereses en ella, más allá de las gestiones puntuales para intermediar en la obtención de la licencia como operador de hidrocarburos.
Sostiene que su relación con esta y otras compañías se limitó a contratos de prestación de servicios, negando cualquier implicación societaria estable.
El empresario se sentará en el banquillo en los próximos meses junto a Ábalos y Koldo García, en un juicio que se perfila como uno de los más relevantes de los últimos años en materia de corrupción vinculada a contratos públicos durante la pandemia.
