Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, ha solicitado formalmente su absolución en el juicio por las presuntas comisiones ilegales en los contratos de mascarillas durante la pandemia, para el que la Fiscalía pide 19 años y medio de prisión y las acusaciones populares elevan la pena hasta los 30 años.
En su escrito de defensa, de 132 páginas, al que ha tenido acceso la agencia EFE, Koldo se declara completamente inocente y solicita al Tribunal Supremo la citación de 75 testigos, entre los que figuran el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Según la defensa, la comparecencia de Illa es “indispensable para acreditar que los canales de compra de material sanitario no fueron asaltados por ninguna trama, sino que se rigieron por criterios de estricta necesidad en un mercado colapsado”. En este sentido, Koldo sostiene que su papel “no fue una injerencia ilícita, sino una colaboración logística entre departamentos ministeriales coordinada por el mando único” durante los peores momentos de la crisis sanitaria.
El exasesor, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, niega que exista delito alguno y subraya que “sin delito no hay responsabilidad penal”. Frente al relato de la Fiscalía y de las acusaciones, la defensa sostiene que la acusación se apoya en una construcción “meramente especulativa” que vulnera su presunción de inocencia.
Uno de los puntos más controvertidos del escrito se refiere al dinero en efectivo que manejó Koldo, que para los investigadores sería el pago de comisiones ilegales. Su abogada, Leticia de la Hoz, afirma que ese metálico procedía de “un sistema de retribución y anticipos de gastos corrientes del PSOE, ajeno a los contratos de las mascarillas”, aludiendo a un uso interno habitual para cubrir servicios como conductor o escolta.
La defensa recalca que se trata de una “fuente lícita de fondos” y que ello “destruye el nexo causal entre el dinero y el presunto cohecho”. En el escrito también se arremete contra el empresario Víctor de Aldama, al que se califica como “ornitorrinco procesal”, tras admitir los delitos y pactar con la Fiscalía una reducción de pena.
Además de Koldo, el proceso sentará en el banquillo a su antiguo superior, José Luis Ábalos, para quien la Fiscalía solicita 24 años de cárcel, mientras que Aldama afronta una pena de siete años tras su colaboración con la justicia.
El Tribunal Supremo deberá decidir ahora sobre la admisión de la extensa lista de testigos solicitados por Koldo, un movimiento con el que busca desmontar la acusación y situar en el centro del proceso a varios de los principales responsables políticos de la gestión de la pandemia.
