El conflicto entre los abogados mutualistas y la Mutualidad General de la Abogacía ha alcanzado un punto crítico. El Movimiento #J2, formado por abogados afectados, ha presentado una solicitud a los decanos de los Colegios de Abogados de toda España para que exijan la dimisión de Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad desde 2016 y vocal de su junta de gobierno desde 2006. Los mutualistas denuncian que sus pensiones no alcanzan los 300-400 euros mensuales, una cifra muy inferior a las pensiones mínimas del sistema público, y reclaman una solución urgente por parte del Gobierno y del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
El reclamo central: una pasarela 1x1 al RETA
El problema de la Mutualidad de la Abogacía viene de lejos y afecta a miles de profesionales que, al no haber podido cotizar en el régimen de autónomos (RETA), se encuentran en situación de precariedad al jubilarse. Los mutualistas denuncian que sus derechos adquiridos han sido vulnerados, ya que en muchos casos se vieron obligados a cotizar en la Mutualidad sin opción a afiliarse a la Seguridad Social. Esto ha derivado en pensiones muy bajas, a pesar de décadas de ejercicio profesional.
El Movimiento #J2 reclama una pasarela 1x1 al RETA, es decir, que los años cotizados en la Mutualidad se computen de igual manera en el régimen público, tanto en tiempo como en cotizaciones, sin que ello suponga una merma en los derechos adquiridos. La propuesta es que esta transición se regule mediante un Real Decreto Ley, dada la urgencia de la situación.
Acusaciones de conflicto de interés y falta de transparencia
Uno de los puntos más polémicos señalados por los mutualistas es la supuesta falta de independencia del CGAE respecto a la Mutualidad. Según el Movimiento #J2, los 83 Colegios de Abogados en España son "protectores" de la Mutualidad según sus estatutos, lo que genera un posible conflicto de interés en la gestión del sistema de pensiones de los abogados. Además, denuncian que la Mutualidad lleva años publicitando su sistema como alternativa al RETA, atrayendo a nuevos mutualistas sin informar de las desventajas económicas a largo plazo.
Los mutualistas también critican los convenios económicos entre la Mutualidad y los Colegios de Abogados, por los cuales estos últimos recibirían contraprestaciones económicas a cambio de promocionar la Mutualidad como opción preferente. Para el Movimiento #J2, esto representa un conflicto de interés inaceptable, que ha impedido que los órganos representativos de la abogacía defiendan realmente los derechos de los mutualistas.
Campaña publicitaria en medio de la polémica
Otro punto de controversia es la reciente campaña de comunicación de la Mutualidad con el lema "El poder del nosotros", difundida en medios de comunicación, televisión y radio. Los mutualistas consideran que esta iniciativa supone un "derroche económico injustificable", teniendo en cuenta que muchos abogados jubilados están recibiendo pensiones mínimas. Según el Movimiento #J2, la Mutualidad debería centrar sus esfuerzos en solventar la precariedad de sus beneficiarios en lugar de invertir en campañas de imagen.
¿Qué soluciones se plantean?
La situación de la Mutualidad de la Abogacía ha generado un debate político y jurídico sobre cómo garantizar pensiones dignas a los abogados mutualistas. Entre las soluciones que se han puesto sobre la mesa se encuentran:
- Regulación mediante un Real Decreto Ley: Una norma que establezca la pasarela al RETA con un reconocimiento íntegro de los derechos cotizados en la Mutualidad.
- Mayor transparencia y auditorías externas: Se exige un control exhaustivo de los fondos y del patrimonio de la Mutualidad, así como una revisión de los convenios con los Colegios de Abogados.
- Cese de la publicidad institucional: Redirigir los recursos económicos hacia la mejora de las prestaciones de los mutualistas en lugar de financiar campañas de imagen.
- Revisión de la independencia del CGAE respecto a la Mutualidad, para garantizar que los abogados mutualistas cuentan con una representación justa y sin conflictos de interés.
Un problema que afecta a miles de abogados en España
El caso de la Mutualidad de la Abogacía pone de relieve la falta de protección social para determinados colectivos profesionales que han quedado fuera del sistema público de pensiones. Con miles de abogados afectados, la cuestión ha escalado hasta convertirse en un asunto de justicia social, que podría forzar una respuesta legislativa en los próximos meses.
El Movimiento #J2 ha anunciado que seguirá presionando hasta lograr una reforma que garantice pensiones justas para todos los mutualistas, sin excepciones. Mientras tanto, el Gobierno y el CGAE deberán decidir si finalmente toman medidas para acabar con esta situación de precariedad o si mantienen el actual sistema, que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de los profesionales del sector.
