La asociación profesional JUCIL, mayoritaria en la Guardia Civil, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la derogación inmediata del Código Penal Militar (CPM) en tiempos de paz para los miembros del Instituto Armado.
La petición coincide con un avance parlamentario relevante: la presentación en el Congreso de una Proposición no de Ley (PNL) por parte de SUMAR, socio del Gobierno, con la que se busca excluir a los guardias civiles de la jurisdicción castrense cuando desempeñen funciones de carácter civil.
Una demanda histórica de JUCIL
La iniciativa parlamentaria responde a una reivindicación histórica de JUCIL, que considera el actual marco legal “anacrónico y punitivo”. Según la asociación, el artículo 1.5 del CPM ha permitido que numerosos agentes sean procesados e incluso encarcelados en prisiones militares por hechos vinculados a su labor policial, o incluso fuera de servicio.
La propuesta de SUMAR, registrada en el Congreso el pasado 24 de septiembre, se gestó tras un encuentro con la cúpula de JUCIL celebrado el 10 de julio. Para la organización, supone un paso decisivo hacia una Guardia Civil del siglo XXI, “con mayor garantía jurídica y con un régimen disciplinario actualizado”.
Argumentos contra la jurisdicción militar en tiempo de paz
JUCIL sostiene que muchas de las conductas que hoy son perseguidas por la vía penal militar ya cuentan con cauce disciplinario en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil de 2007, lo que hace “innecesario y desproporcionado” recurrir al CPM.
En este sentido, invocan el principio de intervención mínima del derecho penal, subrayando que la aplicación del CPM no mejora el desempeño del Cuerpo ni fortalece la prestación del servicio a la ciudadanía.
La PNL cita como ejemplo el caso reciente de un guardia civil que será juzgado por un tribunal militar por un presunto delito de incumplimiento del deber de residencia, con una petición fiscal de seis meses de prisión.
Próximos pasos en el Congreso
El texto, que se debatirá en la Comisión de Interior, insta al Gobierno a impulsar las reformas legales necesarias para que los guardias civiles, al igual que la Policía Nacional u otros cuerpos de seguridad, no estén sometidos al Código Penal Militar en tiempos de paz.
Para JUCIL, se trata de un avance clave no solo en materia de derechos fundamentales, sino también para reforzar la eficacia de un cuerpo que desempeña un papel esencial en la seguridad pública en toda España.
