Las cárceles españolas han impedido 129 intentos de fuga entre el 1 de enero de 2015 y el 10 de marzo de 2025, con 187 internos implicados, según un informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, remitido al Portal de Transparencia.
De esos episodios, 112 se produjeron en centros penitenciarios cerrados y 17 en secciones abiertas, un dato que muestra que la gran mayoría de los intentos se concentra en prisiones de régimen ordinario.
2021 y 2023, los años con más incidentes
El año más crítico fue 2021, cuando se contabilizaron 17 intentos en centros cerrados y dos en secciones abiertas, con 39 internos implicados. Le siguió 2023, con 18 tentativas y 27 reclusos involucrados.
En contraste, 2025, con datos hasta el 10 de marzo, solo ha registrado un intento de evasión, protagonizado por un único interno.
El reparto anual refleja una tendencia irregular:
En 2015 hubo 11 intentos con 14 internos implicados
En 2016 se produjeron 11 intentos con 13 internos
En 2017 se registraron siete tentativas con 12 reclusos
En 2018 se alcanzaron 15 intentos con 19 internos
En 2019 se contabilizaron 15 episodios con 20 internos
En 2020 se produjeron 13 tentativas con 16 reclusos
En 2022 se registraron 12 intentos con 17 internos
En 2024 se detectaron siete tentativas con nueve reclusos
Centros afectados: entre seis y trece cada año
Los datos también indican que el número de prisiones distintas implicadas en estos episodios osciló entre seis centros en 2016 y 2017 y 13 en 2021, lo que refleja que los intentos de fuga no se concentran siempre en los mismos establecimientos.
En el caso de las secciones abiertas, el máximo fue de cinco centros en 2019, mientras que en varios ejercicios no se registraron intentos en este tipo de módulos.
Por qué no se publican los nombres de las prisiones
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha rechazado facilitar el desglose centro por centro al considerar que hacerlo “afectaría seriamente a la seguridad de los establecimientos penitenciarios”.
El organismo advierte de que publicar esta información podría situar a las prisiones en una posición de vulnerabilidad, comprometiendo los planes y estrategias de seguridad y la función pública que desempeñan.
Para justificar esta denegación parcial se ampara en el artículo 14.1.d) de la Ley 19/2013 de Transparencia, relativo a la protección de la seguridad pública, criterio ya avalado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en resoluciones previas.
Vías de recurso abiertas
La resolución, firmada por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, señala que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales en el plazo de dos meses, o bien presentar reclamación ante el Consejo de Transparencia en el plazo de un mes.
