La asociación profesional JUCIL, la más representativa de la Guardia Civil, ha lanzado una advertencia contundente al Ministerio del Interior: el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) carece de medios humanos y materiales para hacer frente a la actual oleada de incendios forestales y al incremento de los delitos medioambientales en España.
Según la organización, la falta de respuesta del Gobierno supone una “imprudencia temeraria” en un momento en que la presión sobre los ecosistemas españoles es crítica. “Las plantillas del SEPRONA están desbordadas, envejecidas e insuficientes para cubrir una geografía tan extensa y con una delincuencia medioambiental cada vez más compleja”, señalan desde JUCIL.
Datos que evidencian la saturación del SEPRONA
El propio Ministerio del Interior ha reconocido en sus estadísticas que entre 2019 y 2023 el SEPRONA casi duplicó sus actuaciones penales, pasando de 3.818 a 6.532 en apenas cuatro años. Solo en el ámbito de los incendios forestales se registraron 455 actuaciones y 344 personas detenidas en ese periodo.
Estos números reflejan una creciente actividad, pero también que la unidad trabaja “al límite”. Desde JUCIL advierten que la carencia de efectivos provoca inoperatividad, riesgo e impunidad, al dificultar la vigilancia, la recogida de pruebas y la identificación de responsables.
Una crisis estructural en plena ola de incendios
La actual campaña de incendios forestales ha vuelto a poner de manifiesto las carencias estructurales del SEPRONA. España se enfrenta a uno de los veranos más críticos en materia medioambiental, con miles de hectáreas arrasadas y un número creciente de investigaciones abiertas por delitos relacionados con la intencionalidad de los fuegos.
En paralelo, INTERPOL sitúa los delitos medioambientales como la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo, solo por detrás del narcotráfico y la falsificación de documentos, y por delante incluso de la trata de seres humanos.
Las exigencias de JUCIL al Ministerio del Interior
Ante este panorama, la asociación ha reclamado al Gobierno un plan inmediato y ambicioso para reforzar el SEPRONA. Sus principales demandas incluyen:
- Incremento urgente de las plantillas, con una planificación estable que se adapte a las necesidades reales.
- Modernización del catálogo de puestos de trabajo, en línea con las nuevas exigencias de la normativa ambiental y de la investigación criminal.
- Dotación de medios materiales y formación específica, para garantizar que los agentes puedan ejercer su labor con eficacia y seguridad.
“Proteger el patrimonio natural y la seguridad ciudadana no puede ser moneda de cambio ni víctima de la inacción política. El tiempo de las promesas ha terminado”, advierten desde la organización, que agrupa a más de 15.000 guardias civiles en activo.
Incendios y delitos medioambientales en aumento
La llamada de JUCIL se suma a las voces de expertos en gestión forestal y organizaciones ecologistas, que en las últimas semanas han alertado sobre la combinación de olas de calor más intensas, sequías prolongadas y deficiencias en la prevención de incendios.
Además, el aumento de delitos como la caza furtiva, el tráfico de especies o los vertidos ilegales ha reforzado la idea de que el SEPRONA, creado en 1988 como unidad pionera en Europa, necesita una profunda reestructuración y mayores recursos para afrontar los desafíos del siglo XXI.
