La Confederación de Ampas, Afas y Fampas de la Comunidad de Madrid (Confapa) ha solicitado a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades la retirada inmediata de los buzones anónimos instalados en institutos de la región para denunciar la presencia y el consumo de drogas en los centros educativos.
Según denuncian en un comunicado, esta medida atenta contra la presunción de inocencia de los menores y los expone a situaciones de indefensión total al ser acusados sin pruebas. “Las denuncias anónimas pueden derivar en que un menor sea inculpado sin garantías y sin método de prueba, lo que podría acabar en derivaciones a los servicios sociales sin justificación”, advierte la organización.
Por su parte, la Consejería de Educación defiende la medida, asegurando que se ha implementado en más de 700 institutos y colegios concertados de la Comunidad de Madrid con buena acogida por parte de equipos directivos y familias. Además de los buzones físicos, el plan incluye un buzón virtual mediante un código QR y un correo electrónico específico (buzonfueradrogas@madrid.org) para detectar y prevenir el consumo de estupefacientes preservando el anonimato.
Confapa alerta de un uso abusivo y discriminatorio
Confapa cuestiona que este sistema pueda fomentar el acoso escolar, facilitando denuncias falsas o desproporcionadas. Además, critican que la medida se centre exclusivamente en menores y no en toda la comunidad educativa, preguntándose si también se permitirá denunciar anónimamente a profesores o personal de los centros.
“Si el objetivo es perseguir el tráfico de drogas, hablamos de un delito que debe ser investigado por la Policía, no por los equipos directivos ni el profesorado”, subraya Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de Confapa. En este sentido, recuerdan que ya existe un canal gestionado por la Policía Nacional para denunciar la venta y distribución de drogas en entornos escolares.
Críticas al Plan Regional contra las Drogas
Los buzones anónimos forman parte del Plan Regional contra las Drogas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, presentado en noviembre de 2024 y dotado con 200 millones de euros. Este plan contempla 75 medidas en cuatro ejes de actuación: prevención, asistencia, reinserción y control.
Confapa ha calificado el plan como una "auténtica salvajada", alegando que criminaliza a los jóvenes y refuerza estereotipos discriminatorios, especialmente sobre los menores inmigrantes no acompañados. “Se da por hecho que son consumidores solo por el hecho de ser extranjeros, lo que es inaceptable”, denuncian.
Movilización contra los buzones anónimos
Ante esta situación, Confapa ha anunciado que llevará la petición de retirada de los buzones a los consejos escolares de los institutos. La organización insiste en que la lucha contra el consumo de drogas no debe centrarse en criminalizar a los menores, sino en detectar los puntos de venta y perseguir a los productores y distribuidores.
“La lucha contra las drogas debe ser amplia y efectiva, pero no a costa de vulnerar los derechos de los menores y exponerlos a situaciones injustas”, concluye Mardones.
