El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la solicitud presentada por JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, para extender los efectos de la sentencia que ya reconoció la profesión de riesgo a los agentes de la Policía Nacional adscritos al régimen de la Seguridad Social.
La decisión del Alto Tribunal, conocida este 6 de octubre de 2025, supone un avance jurídico clave en la estrategia de la organización para lograr que los guardias civiles obtengan el mismo trato que otros cuerpos policiales en materia de jubilación anticipada. De prosperar, permitiría aplicar coeficientes reductores que posibiliten retirarse antes de la edad ordinaria sin penalización económica.
Un paso decisivo hacia la jubilación anticipada de la Guardia Civil
Desde JUCIL celebran este hito como “un paso crucial en la lucha por la igualdad y el reconocimiento profesional”. La asociación considera que la Guardia Civil cumple con todos los criterios objetivos para ser considerada profesión de riesgo, al igual que otros cuerpos como la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra o la Policía Foral.
El portavoz de la organización señala que esta vía judicial “responde a la falta de voluntad política por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil”, a quienes acusan de mantener una postura inmóvil ante las reivindicaciones del colectivo.
“El Real Decreto aprobado por el Gobierno no garantiza que se inicie el procedimiento de reconocimiento. Solo marca los cauces, pero sin compromiso real. Por eso, hemos optado por el único camino que ofrece garantías: la acción jurídica”, destacan desde JUCIL.
Estrategia legal y próximos pasos de JUCIL
La admisión a trámite de esta solicitud es solo el primer eje de la estrategia judicial diseñada por la asociación. En caso de que el Supremo no extienda los efectos de la sentencia previa, JUCIL tiene preparadas otras acciones legales en curso, que también llegarán al Alto Tribunal, con la convicción de lograr un fallo favorable.
Paralelamente, la organización está impulsando iniciativas para que tanto guardias civiles como policías nacionales incluidos en el régimen de Clases Pasivas puedan beneficiarse igualmente de los coeficientes reductores aplicables a las profesiones de riesgo.
Falta de compromiso político pese al apoyo parlamentario
JUCIL recuerda que varios grupos parlamentarios han mostrado su respaldo a la reivindicación, pero sin traducirse en una propuesta legislativa efectiva. “El apoyo político no se ha materializado en hechos concretos”, lamentan.
En este sentido, la asociación denuncia que, mientras otros cuerpos policiales autonómicos ya gozan de este reconocimiento, la Guardia Civil sigue a la espera de una reforma normativa que equipare su situación laboral y económica.
“No hay voluntad política real ni en la Dirección General, ni en el Ministerio, ni en el Gobierno para aprobar un Real Decreto que nos reconozca como profesión de riesgo. Confiamos ahora en la Justicia para conseguir lo que por derecho nos corresponde”, afirma JUCIL.
JUCIL: ocho años de lucha por la igualdad y el reconocimiento profesional
Desde su fundación hace ocho años, JUCIL (Justicia para la Guardia Civil) se ha consolidado como la asociación más representativa del cuerpo, liderando la batalla por la equiparación salarial con las policías autonómicas y por la mejora de las condiciones laborales.
El reconocimiento como profesión de riesgo supondría, según la organización, un acto de justicia hacia los hombres y mujeres que arriesgan su vida a diario y que, sin embargo, no cuentan con los mismos derechos que otros cuerpos policiales del país.
Una resolución con impacto nacional
De confirmarse la extensión de efectos, la decisión del Supremo podría sentar jurisprudencia y abrir la puerta a que miles de agentes se beneficien de una jubilación anticipada más justa, además de reforzar las demandas de equiparación profesional y salarial dentro del sector.
La resolución definitiva marcará un precedente que podría reconfigurar el estatus profesional de la Guardia Civil dentro del sistema de Seguridad Social, situando su riesgo laboral en el mismo nivel que el de otros cuerpos de seguridad del Estado.
