El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido a las acusaciones que involucran al exministro José Luis Ábalos en presuntas adjudicaciones arbitrarias, defendiendo que de los siete contratos presentados como prueba por el empresario Víctor de Aldama, solo uno corresponde al periodo en que Ábalos dirigió el Ministerio de Fomento, y que en este "no se ha observado nada irregular".
Análisis de los contratos
A través de sus redes sociales, Puente realizó un análisis "a vuela pluma" de los contratos mencionados en los medios de comunicación, concluyendo que:
- Dos contratos pertenecen a un periodo anterior a la gestión de Ábalos como ministro.
- Dos contratos corresponden a un periodo posterior a su salida del Ministerio de Fomento.
- Dos contratos nunca se llegaron a licitar.
- Uno solo corresponde al periodo en el que Ábalos era titular de la cartera.
El contrato cuestionado se refiere a la construcción de un tercer carril en un tramo de la A-66 en Asturias, adjudicado el 19 de octubre de 2023 por un importe de 30 millones de euros. Según Puente, en este caso, “el mejor valorado en la fase técnica fue el adjudicatario final, aunque ajustado con el segundo licitador tras la apertura de la oferta económica”. En un análisis preliminar, señaló que “no se ha observado nada irregular en el expediente de contratación”.
Críticas al sustento de las acusaciones
Puente destacó que las pruebas presentadas por Aldama, que incluyen un anexo de inversiones del Presupuesto General del Estado, “carecen del más mínimo valor”, ya que:
- Incluyen obras iniciadas antes de la llegada del PSOE al Gobierno.
- Mencionan obras que no se licitaron durante el mandato de Ábalos.
- Se refieren a proyectos que nunca llegaron a licitarse.
El ministro subrayó que las conclusiones hasta ahora se basan en lo que “ha trascendido a través de los medios” y que será necesario un análisis más profundo con la documentación judicial.
Puente cuestiona la validez de las pruebas
El ministro calificó como “llamativo” que las pruebas aportadas por Aldama al juzgado resulten “tan fácilmente desacreditables”. Criticó que el investigado utilizara como evidencia documentos presupuestarios que no prueban irregularidades relacionadas con la gestión de Ábalos.
En conclusión, Puente reiteró que "hay que profundizar en la documentación judicial", pero que las acusaciones presentadas hasta ahora parecen carecer de fundamento sólido, según el análisis inicial.
