La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este miércoles la suspensión inmediata de derechos y deberes parlamentarios de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, después de que el Tribunal Supremo confirmara su procesamiento por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y malversación en el conocido caso Koldo.
La decisión, adoptada nada más concluir el pleno, se fundamenta en el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, que regula la suspensión automática de los diputados procesados y en prisión preventiva. Con ello, Ábalos queda apartado de todas sus funciones como parlamentario y pierde la totalidad de sus beneficios económicos y representativos.
Ábalos pierde sueldo, voto y cobertura social
Con la suspensión, el exministro:
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No podrá votar, ni presencial ni telemáticamente, pese a haber solicitado participar en el pleno desde prisión.
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Deja de percibir todas las retribuciones económicas vinculadas a su condición de diputado.
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Es dado de baja en la cobertura de protección social sufragada por el Congreso y en la póliza de accidentes de las Cortes Generales.
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Resta financiación al Grupo Parlamentario Mixto, al descontarse la parte proporcional correspondiente a su escaño.
La Cámara notificará el acuerdo al propio Ábalos, al Tribunal Supremo, al Grupo Mixto y a la Secretaría General del Congreso.
La vía judicial avanza: el Supremo ordena juicio
El Tribunal Supremo comunicó hoy al Congreso el auto por el que rechaza íntegramente el recurso de apelación de Ábalos contra la decisión del magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente. Con esta confirmación, el procesamiento adquiere firmeza y el Supremo ordena la apertura de juicio contra Ábalos y Koldo García Izaguirre.
El exministro permanece en prisión preventiva desde el 27 de noviembre, fecha en la que fue encarcelado tras considerar el tribunal riesgo de destrucción de pruebas y reiteración delictiva.
Su caso vuelve a impactar de lleno en el PSOE en vísperas del cierre parlamentario del año, mientras continúan acumulándose causas judiciales y acusaciones de corrupción que afectan a antiguos responsables socialistas.
